El cierre de Elnosa depende de la resolución del expediente de caducidad

La fábrica de la empresa Electroquímica del Noroeste S.A. (Elnosa) ubicada en las marismas de Lourizán (Pontevedra) no cerrará hasta que se resuelva el expediente de caducidad de su concesión, según ha informado este viernes la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba.

El próximo domingo 29 de julio caduca la actual concesión de Elnosa para ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre pero la clorera podrá seguir operando en sus actuales instalaciones porque el expediente de actividad sigue pendiente del dictamen del Consejo General del Estado.

Este órgano tiene de margen hasta octubre para emitir el último informe preceptivo antes del pronunciamiento final que dicta la Dirección general de Costas a instancias del Ministerio. "Nada parece indicar que la resolución sea favorable a Elnosa, pero hay que esperar a que concluya el procedimiento" ha dicho la subdelegada.

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL
En su comparecencia, Maica Larriba ha señalado que existe una sentencia de Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional "que ha pasado bastante desapercibida".

En este fallo judicial, fechado en el mes de julio de 2014, el tribunal atendió un recurso de la plataforma vecinal 'Salvemos Pontevedra' y ordenó al Estado que incoase el expediente de caducidad de la concesión de Costas.

Según ha explicado la subdelegada, la razón de esta condena al Estado es la transmisión de la concesión por parte de Elnosa "sin autorización del Ministerio" al cambiar su paquete accionarial en 2012, año en el que la multinacional portuguesa CUF adquirió Elnosa. "Lo cual equivale en la práctica a la transmisión de la concesión y eso incumple flagrantemente la Ley de Costas", ha apuntado.

La Audiencia Nacional resuelve que la empresa "ha incumplido la legislación" y obliga a la Administración del Estado a incoar un expediente de caducidad de la concesión, así como a "la adopción de todas las medidas legalmente contempladas para la paralización de las actividades y suspensión del uso y explotación de las instalaciones, que no cuenten con concesión administrativa".

El expediente de prórroga está suspendido mientras que el de caducidad todavía está "en vías de resolución". La subdelegada ha destacado que el Gobierno está trabajando en resolver "cuanto antes" el expediente de Elnosa "pero se ha encontrado con un plazo de tiempo corto para sacarlo adelante".

En esta línea, ha insistido en que "se están dando los pasos administrativos" pero se necesitan de una serie de informes reglamentarios que "pueden retrasar la resolución un cierto tiempo".

La titular de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra ha querido dejar claro que está en marcha un procedimiento de caducidad iniciado en ejecución de una sentencia y, según la normativa, "mientras no se resuelva este procedimiento Elnosa permanecerá con actividad".

El Consejo de Estado es el organismo que tiene que dictar el último informe y "la idea es que lo haga a la mayor brevedad", según Larriba. No obstante, la subdelegada ha puntualizado que "en ningún caso el hecho de que Elnosa pueda seguir unos días o unas semanas le atribuye ningún derecho ni privilegio y no significa un posicionamiento por parte del Gobierno, en absoluto, a favor de su permanencia", ha subrayado.

INFORMES FAVORABLES A LA CADUCIDAD
Los informes emitidos por el Ministerio son favorables a la caducidad y por lo tanto "lo lógico es pensar que Elnosa se irá de la actual ubicación que tiene en la Ría de Pontevedra" una circunstancia que conocen la propia empresa y la Xunta de Galicia, ha incidido Larriba.

La subdelegada ha advertido que "la Xunta de Galicia pidió que se retrasara en la medida de lo posible la declaración de caducidad" siendo esta es "una de las razones del retraso de este expediente".

Finalmente Maica Larriba ha insistido "en la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez de resolver con la máxima celeridad este procedimiento" atendiendo a los informes emitidos por los órganos competentes.

"Si Elnosa cierra por su propia causa, porque ha incumplido la ley, la responsabilidad es total y absolutamente de la propia empresa", ha dicho la subdelegada del Gobierno. "A quien hay que pedirle cuentas, aquellos que quieran pedirle cuentas, es a la empresa por haber incumplido la ley", ha concluido.