JUSTICIA

La firma del acuerdo ha sido posible tras dos años de negociaciones de las dos formaciones y la mediación de la UE. Por ello, la firma del documento  ha tenido lugar en Bruselas ante la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová. El acuerdo para la renovación del gobierno de los jueces tiene tres puntos importantes: la renovación que garantiza una composición equilibrada de 20 nuevos integrantes, con trayectorias acreditadas e independencia política; la regeneración que, para González Pons, establece la despolitización de la justicia.

La Fiscalía rebaja en siete años la condena solicitada inicialmente para el ex edil lucense Francisco Fernández Liñares, figura central en la mayor macrocausa de corrupción política investigada en Galicia.

La Fiscalía pide para cada uno de los dos investigados 2 años y 11 meses de prisión, así como una multa.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordena que se dicte otro fallo de acuerdo a la voluntad del jurado popular después de que la Audiencia Provincial dejase libre al acusado.

Un matrimonio casado en Vila de Cruces en 1975 termina divorciado después de varios años de pleito, que escaló hasta el Supremo. 

El juicio fue suspendido a petición de la defensa de uno de los procesados

Desde el sector advierten que no serán las únicas bajas y que abogados de Cangas, Vigo y Pontevedra se saldrán del servicio próximamente.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado parcialmente el recurso presentado por una vecina de Vigo y por la Fiscalía contra la sentencia de un contencioso administrativo de la ciudad, que rechazaba la reclamación presentada por vulneración de derechos debido a la contaminación acústica generada por los eventos navideños organizados por el Ayuntamiento olívico, condenándolo a indemnizar a la demandante en 600 euros y a tomar medidas para "evitar la reiteración de su conducta lesiva".

Los envíos recurrentes de cartas, visitas a la vivienda o el empleo de "una muñeca de vudú" son, para el juez, pruebas para culparlas de un delito de "violencia coactiva". 

Otro centenar de abogados ha presentado hoy su renuncia al turno de oficio penal en la ciudad auriense.

La baja de profesionales del TO en la localidad de la Costa da Morte lleva al ICACor a adoptar una medida que, a ojos del Sindicato Venia, precarizará todavía más el servicio de asistencia gratuita.

Abogados adscritos al TO en A Estrada, Lalín, Ourense y Corcubión anuncian su baja del servicio en protesta por la gestión del Gobierno de Galicia.

La Audiencia Provincial de Ourense ha emitido esta sentencia por vídeos de contenido sexual de dos exparejas del investigado, de dos compañeras de trabajo y de una menor de edad a la que engañó.

Protestas en A Coruña, Ferrol, Ourense, Lalín y A Estrada vuelven a poner de manifiesto la situación crítica en la que se encuentra el colectivo.

José Tronchoni, director xeral de Xustiza, dice "respetar" pero "no compartir" la huelga de los profesionales del turno de oficio, que mantienen el paro indefinido inciado el 21 de noviembre.

La baja masiva de los 21 profesionales que componían el turno de oficio voluntario como medida de presión por la huelga llevó al Colegio de Abogados de Pontevedra a dar de alta forzosa a varios profesionales y poner por encima el derecho ciudadano que el del colectivo. En el Deza sientan un precedente que pueden imitar otros partidos judiciales. La abogada Concepción Colmeiro, una de las afectadas, explica para Galiciapress esta medida "legal" pero que constata la situación del sector: "Desde hace cuatro meses los abogados y procuradores no tenemos ningún derecho. Ninguno, ninguno, ninguno". 

Por lo que respecta a Europa, la percepción ciudadana de corrupción creció el año pasado, según Transparencia Internacional

El exfutbolista de FC Barcelona, PSG, Juventus o Sevilla, entre otros, podrá abandonar la cárcel, donde permanecía desde enero de 2023, momento en el que fue denunciado por una agresión sexual. Después de la condena a cuatro años de prisión emitida en febrero de 2024, el brasileño podrá salir bajo fianza de un millón de euros, tal y como ha decretado la justicia.

Los profesionales del colectivo reclaman al Gobierno una solución a todos los afectados por el sistema de mutuas.