La democracia española y el lobby judicial

La formación de un gobierno de progreso luego de la moción de censura triunfante de Pedro Sánchez está sirviendo para poner en evidencia como, a pesar de los años transcurridos, una de las grandes materias pendientes de la democracia española sigue siendo la del poder judicial. Algo que estamos comprobando en estos años cuando un número significativo de magistrados actúan como estiletes de la oposición política al gobierno de turno y también como perseguidores de los dirigentes políticos de las izquierdas. Unas actuaciones que no solo superan las competencias de estos magistrados, sino que incluso llegan a cuestionar los principios democráticos que garantiza la propio Constitución española como, por caso, los Art. 1.2 (“La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”), Art. 66.1. (“Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado”), Art. 87.1. (“La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras”) y Art. 99.3. (“Si el Congreso de los Diputados por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros otorgara su confianza a dicho candidato, el rey lo nombrará presidente”) . Un cuestionamiento que parecía indicar que este lobby judicial está empeñado en que España no sea un estado democrático.

Tenemos así el caso del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) donde un grupo de magistrados están atrincherados impidiendo la renovación que, por mandato constitucional (Art. 122.3) debiera haberse producido hace años. Un comportamiento que evaluado por la oposición (PP/VOX) tiene un objetivo político muy claro: impedir una renovación de cargos judiciales que pueda dar lugar a que los numerosos expedientes por corrupción de dirigentes y directivos del Partido Popular (PP), que están parados en distintas instancias judiciales, sigan su curso normal, lo que seguramente provocaría que muchos de aquellos tengan que desfilar por los tribunales para, a continuación, ingresar en la cadena. Un Consejo del Poder Judicial cuyo partidismo le lleva a tomar decisiones insólitas como, por caso, sucedió con la amnistía cuando asistimos al inaudito espectáculo de ver como este organismo (CGPJ) aprobaba una “declaración institucional” en contra (“lo mas parecido a un motín”, según el emérito magistrado Martin Pallín) cuando esta aún no había sido aprobada por el Parlamento español y siendo, además, un asunto que queda fera de su competencia.

¿Qué decir por caso de la auténtica persecución político-judicial que tanto por parte del Tribunal Supremo como de magistrados muy famosos están sufriendo políticos de izquierdas y soberanistas? Unas persecuciones que, en la mayoría de los casos, finalizan en auténticos fiscos jurídicos, que no políticos, pero que no hacen más que dañar la imagen del poder judicial tanto a nivel nacional como internacional. Recientemente tuvimos constancia de lo que señalamos cuando el Departamento Federal de Justicia y Policía de Suiza rechazaba, por tercera vez, la petición del magistrado Manuel Garcia-Castellón de colaboración en la acusación de terrorismo a dirigentes catalanes por el caso Tsunami Democrátic. Resbalones judiciales que se repiten con mucha frecuencia, ahí están los casos de Pablo Iglesias, Irene Montero, Ada Colau, Mónica Oltra, Victoria Rosell.,,, que fueron víctimas de una larga persecución judicial que luego finalizaría en nada por falta de pruebas pero habiendo conseguido los magistrados su defenestración política. En estos días estamos asistiendo a otro de estos episodios con motivo de la amnistía. Así, los fiscales del “procés” rechazan obedecer la orden del Fiscal General de apoyar la medida de gracia para todos los delitos, incluida la malversación, en la que, por parte de estos magistrados, es una interpretación interesada de la resolución aprobada por el Parlamento español. Una acción que tiene un doble objetivo político claro: cargarse al señor García Ortiz (para lo cual cuentan con el apoyo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, señora Ayuso, que intenta así tapar el escándalo de corrupción de su pareja) y mantener vivo el “conflicto catalán” porque le da réditos políticos a las derechas.

La repetición de estos hechos ponen en evidencia cómo en el poder judicial hay un lobby que actúa como un ariete contra el legítimo gobierno español de turno (PSOE/Sumar) buscando debilitarlo y derribarlo para así facilitar el acceso al mismo de las derechas extremas (PP, Vox). Una estrategia político-judicial que no repara en la legalidad o ilegalidad de sus actuaciones, pero que hace mucho, mucho daño a la democracia al erosionar la credibilidad y el prestigio de uno de sus pilares básicos: el poder judicial. No por casualidad España es uno de los estados europeos en el que sus ciudadanos menos confían en la justicia: sexto de la UE y tercero de la Eurozona.