Casi mil procesos judiciales paralizados en Galicia por la huelga de abogados y procuradores del turno de oficio

La huelga indefinida de los abogados y procuradores del turno de oficio, que lleva ya seis meses y medio vigente, ha centrado hoy la Comisión Primera, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior del Parlamento de Galicia, donde se ha cifrado en 928 las actuaciones, vistas, comparecencias y aduencias previas afectadas en toda la comunidad desde que arrancaron los paros de un sector que demanda mejoras laborales y salariales, así como una solución para los mutualistas, para los que piden una pasarela al RETA. 

Fue el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, el que deslizó la cifra de casos afectados en los 276 órganos judiciales de Galicia: el 76% de las suspensiones se produjeron en la jurisdicción penal, el 24% en la civil, un 4% en la social y un 1% en la de lo contencioso administrativo. Por provincias, el 39% de las actuaciones judiciales suspendidas corresponden a la provincia de A Coruña; el 35% a la de Ourense; 16% a la de Pontevedra y un 10% a la de Lugo. 

Así, al día se suspenden unos nueve actos de media. La solución, en cualquier caso, no parece ni mucho menos inmediata, mientras desde el sector programan movilizaciones para este 10 de mayo en A Coruña y Ourense. 

"RESPETAR" PERO "NO COMPARTIR" LA HUELGA

Tronchoni dio respuesta a la pregunta acercada por el parlamentario del BNG, Iago Tabarés, que solicita a la Xunta que se siente a negociar con los huelguistas de una vez por todas, toda vez que es el Gobierno de Galicia el que tiene las competencias en materia de Justicia y uno de los actores con mucho que decir en este conflicto. 

En su intervención, Tronchoni dijo que, si bien respetaba la huelga, su posición es la de "no compartir" la decisión de los paros. De hecho, este punto, el de la huelga, ha sido objeto de debate en el gremio. El propio decano del ICA de Lugo manifestó recientemente en este diario sus recelos en torno a la idoneidad de esta huelga indefinida ya que, a su juicio, lo que correspondería en este caso sería un "cierre patronal". 

En el mismo orde, el director xeral dice haber mantenido reuniones con el sector durante 2023 y 2024, donde se abordaron asuntos como el incremento de las partidas para el turno de oficio o la inclusión de conceptos nuevos. Por eso, sugiere que se llegaron a acuerdos beneficiosos para estos profesionales que hoy siguen en huelga, como la actualización e inclusión de nuevos conceptos en el baremo de indemnizaciones o la reducción de la tramitación en el pago de la representación y defensa de las personas insolventes que no tienen reconocido el servicio de derecho de justicia gratuita.

A mayores se incluirá en el baremo de indemnizaciones conceptos como la intervención letrada en entradas y registros domiciliarios, el proceso concursal y procesos de especial complejidad en todas las órdenes. También se prevé una revisión de todas las cantidades del baremo.

¿PEOR QUE EN 2018?

A renglón seguido, y como ya hiciera Alfonso Rueda a consulta de este diario, Tronchoni sacó pecho porque la gallega, que invirtió desde 2010 167 millones a la asitencia jurídica gratuita -solo el año pasado, deslizó, precisó de un inversión por encima de los 876.000 euros-, sea una de las comunidades con los baremos más elevados, además de ser de las que realizan los pagos con mayor prontitud. Además, la gallega es una de las pocas regiones que ha incorporado la defensa y representación de personas jurídicas en los procesos penales, así como el acompañamiento inicial a las víctimas de especial vulnerabilidad.

Pese a todos los números que aireó Tronchoni, desde la bancada nacionalista censuraron la actitud de los populares frente a los abogados y procuradores del turno de oficio. "La gestión de esta situación ya es peor que la de 2018, cuando la huelga de funcionarios duró cuatro meses", reprendió Tabarés, que pone el foco en las consecuencias a largo plazo que ya se comienzan a advertir en los juzgados, que sufren un embotellamiento por el gran número de casos suspendidos y que tienen que ser señalados en el futuro. 

Por todo esto, demandan a la Xunta más presupuesto para el sector, recalcando que Galicia es una de las comunidades en donde la inversión por habitante en este ámbito es menor.