Julio Fernández Gayoso, expresidente de Caixanova, está acusado de realizar operaciones inmobiliarias supuestamente irregulares a través de Poinova junto a otros tres exdiretivos.
Considera que podrían haber incurrido en delitos de blanqueo y apropiación indebida o administración desleal
Un pais solvente precisa de contar con un sistema bancario sólido y competente en el que haya una matriz pública, o cuando menos social, relevante. Un país para crecer de manera estable y prolongada necesita que tanto las administraciones públicas, como las familias y las pequeñas y medianas empresas tengan un fácil y fácil acceso al crédito para así consumir e invertir. En definitiva un pais fuerte requiere de instituciones que absorban el ahorro y lo canalicen hasta aquellos agentes que precisan de financiación ajena. Pero la gran crisis financiera última puso en evidencia que no se debe dejar esta función en exclusiva a la banca privada dándole total libertad. Hacerlo es asumir un enorme riesgo pues acaban olvidando su auténtica función económica dedicándose la especulación y a financiar de manera poca responsable actividades no productivas. Comportamiento que acarrea las consecuencias catastróficas de sobras conocidas.
La Xunta de Galicia ha adjudicado al menos seis contratos a Ernst & Young (E&Y) desde que Marta Fernández Currás es socia de sector público de la consultora. De esos seis contratos, cinco los adjudicó la Consellería de Facenda, que dirigió la propia Fernández Currás durante casi tres años.
Es la cantidad que el juez de la Audiencia Nacional les impone como finanza a los exdirectivos investigados, bajo amenaza de embargo.
Tres de los exdirectivos fueron condenados a dos años de cárcel por las indemnizaciones que recibieron a su salida de Novacaixagalicia.
O PPdeG anunciou onte a súa intención de reabrir a comisión de investigación sobre as caixas de aforro galegas.