¿Hacia una huelga de alquileres en Vigo? El Sindicato de Inquilinas demanda soluciones ya

En Vigo, la crisis de la vivienda lleva años escalando a un nivel sin precedentes. Se ha convertido en un problema social, que afecta la vida de miles de personas. Las protestas por los altos precios, la sucesión de muertes de personas sin hogar, los suicidios de personas a las que van desalojar, los lanzamientos de personas pobres inquilinas de infraviviendas y los incendios en edificios okupados, algunos mortales, se han sucedido entre cruces de acusaciones constantes entre el Ayuntamiento gobernado por el PSOE y la Xunta gobernada por el PP. 

Como en otras urbes, los precios de alquiler se han disparado, superando en muchos casos los mil euros mensuales por pisos modestos de tres habitaciones, una cifra insostenible para una parte considerable de la población trabajadora en la que entre solo un sueldo o ayuda social. 

Frente a esta realidad, el Sindicato de Inquilinas de Vigo es una de las voces más firmes en defensa del derecho a la vivienda digna, alertando sobre la falta de intervención efectiva de las administraciones y proponiendo soluciones que, según el colectivo, son necesarias para evitar que la situación se deteriore aún más.

Un Mercado Limitado y Caro

La historia del problema de vivienda en Vigo, explican desde el Sindicato, no es nueva: “A problemática de acceso á vivenda ven de moi lonxe. O mercado de aluguer en Vigo sempre foi reducido e caro, onde coas campañas políticas e mediáticas que impulsaba a merca de vivenda, a xente hipotecouse por tentar asegurar un lugar onde vivir”, afirman. Tras la crisis hipotecaria de 2008, miles de familias se vieron expulsadas de sus viviendas y forzadas a recurrir al mercado de alquiler, sumando presión a una oferta ya limitada.

Actualmente, la situación ha  empeorado. Según el último informe de la plataforma inmobiliaria Idealista, el precio medio del alquiler en Vigo se sitúa actualmente en 9,9 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 6,9% respecto al año anterior. Esta cifra representa un nuevo máximo histórico para la ciudad.

En términos prácticos, este aumento significa que los vigueses deben desembolsar ahora cerca de 1.000 euros mensuales por un hogar de 100 metros cuadrados. La situación se agrava aún más en el centro de la ciudad, donde los precios supera ozan los 11 euros por metro cuadrado.

Además, de acuerdo con los datos que maneja el Sindicato de Inquilinas de Vigo, el número de viviendas en alquiler es insuficiente. A la falta de oferta se suma una enorme cantidad de viviendas vacías —cerca de 20.000— y la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT), que según la Xunta rondan las 2,000 unidades, una cifra que probablemente subestima la realidad si se tienen en cuenta las VUT irregulares, que no se han inscrito ante la Xunta.

Para el Sindicato, este fenómeno plantea un escenario “realmente preocupante frente al cual es urgente actuar”, ya que las rentas se han convertido en una carga insostenible para muchas familias viguesas. Este contexto, además, se agrava con el endurecimiento de las condiciones de acceso a los alquileres, que ahora requieren de “garantías adicionales, seguros de alquiler y salarios altos” para firmar un contrato.

La Ley Estatal de Vivienda

La Ley Estatal de Vivienda, promovida por el Gobierno español en 2023, se proponía abordar el problema de los alquileres elevados y mejorar el acceso a la vivienda. Sin embargo, su impacto práctico en Vigo ha sido limitado. 

Los responsables municipales, incluido el alcalde de la ciudad Abel Caballero, no han estado rápidos en iniciar los trámites para declarar zonas tensionadas, una designación que permitiría regular los precios de los alquileres en áreas donde el coste ha alcanzado niveles desproporcionados. Esta negativa ha sido también secundada por la Xunta de Galicia, responsable de aplicar esta normativa y que públicamente ya han puesto pegas a los anuncios de otros gobiernos municipales urbanos de izquierdas, los de A Coruña y Santiago, de declarar estas zonas tensionadas.

“É unha falta de sensibilidade e de non estar á altura para afrontar unha problemática que non deixa de expandirse. Trátase dunha mostra máis de que pensan máis na confrontación política que en solucionar os problemas da cidadanía”, razona el Sindicato . Para el colectivo, estas peleas políticas reflejan “una falta de sensibilidad ante una problemática que no deja de expandirse, priorizando la confrontación política por encima del bienestar de la ciudadanía”.

En respuesta a esta falta de acciones concretas de las administraciones gallega y viguesa, el Sindicato no descarta una huelga de alquileres como medida de presión. Aunque de momento no han hecho públicas las condiciones para llevar a cabo esta iniciativa, aseguran que no es una opción descartable si no se toman medidas efectivas para atajar la escalada de precios.

A pesar de la falta de colaboración institucional, el Sindicato sigue organizando acciones para hacer frente al problema. En octubre, realizaron una movilización en la ciudad para visibilizar la situación de los alquileres y, actualmente, trabajan en una estrategia que incluye talleres de formación y asesoría en barrios afectados por los elevados precios. Además, buscan alianzas con otras organizaciones del país para abordar la problemática de las viviendas de uso turístico y otros factores que están incidiendo en el mercado inmobiliario de Vigo.

Una de las soluciones propuestas por el Sindicato para ampliar la oferta de vivienda asequible en Vigo es la movilización de viviendas vacías, en lugar de construir nuevas edificaciones. Según argumentan, “ é preciso actuar en diferentes frontes”  como “subir o gravamen especial no IBI das vivendas baleiras, “facer acordos entre a Administración e grandes tenedores (bancos, fondos) para poñer ás vivendas en aluguer asequible” e “firmar convenio para conseguir a cesión de vivendas da SAREB para aluguer asumible, entre outras medidas posibles”.

La Amenaza del Alquiler Turístico en Vigo

El polémico fenómeno de las viviendas de uso turístico es otro de los factores que, según el Sindicato, está agravando la crisis habitacional en Vigo. A medida que el turismo crece en la ciudad, más propietarios optan por destinar sus viviendas al alquiler vacacional en lugar de alquilarlas de forma tradicional, lo cual reduce aún más la oferta para residentes y eleva los precios.

“Non cabe dubida que a VUT representa un uso ultraespeclutivo da vivenda de aluguer.”, afirman desde el Sindicato. Proponen que la solución a este problema pasa por el cierre de todas las viviendas turísticas que operan sin licencia y la prohibición de otorgar nuevas licencias para este tipo de alojamientos. Además, abogan por restringir la actividad de alquiler turístico a manos de multipropietarios y empresas extranjeras que compran propiedades de manera masiva.

Para el colectivo, el impacto de las VUT en Vigo no solo afecta el mercado inmobiliario, sino también la vida de los barrios, donde cada vez más viviendas son destinadas al turismo, generando “una especie de parque temático para turistas” y forzando a los vecinos de toda la vida a abandonar sus hogares. Esta “economía rentista” es, en palabras del Sindicato, “la forma más cruel de segregación y expulsión de la vecindad”.

La Colaboración con las Administraciones Públicas

Desde el Sindicato de Inquilinas subrayan que muchas de las medidas propuestas dependen de la voluntad política de las administraciones públicas. Piden una acción efectiva por parte del Concello de Vigo y de la Xunta para evitar que el problema de la vivienda siga creciendo. Además, consideran fundamental la creación de un parque público de viviendas en alquiler asequible, no tanto mediante nuevas construcciones, sino movilizando las viviendas vacías y limitando el impacto del alquiler turístico.

La crisis de la vivienda en Vigo parece lejos de encontrar una solución rápida. Con un mercado de alquiler en constante aumento, una ley estatal que en la práctica no tiene efectos y una creciente presencia de viviendas de uso turístico, el panorama no es alentador para quienes buscan un hogar en la ciudad. El Sindicato de Inquilinas de Vigo insiste en que es imprescindible la colaboración real e inmediata entre las administraciones públicas para abordar el problema de forma integral y eficiente. En sus palabras, “no sirven las declaraciones, sino los hechos”.

Disparidades por zonas

En términos prácticos, los datos de Idealista implican que los vigueses deben desembolsar al menos unos 1.000 euros mensuales por una casa de 100 metros cuadrados. Con todo, los precios no son iguales en todos los barrios.

• Centro urbano: Lidera con 10,8 euros/m², un 4,2% más que en 2023.
• Plaza España-Corte Inglés: Sigue con 10 euros/m², un 2,4% de incremento anual y un 5% más que el trimestre anterior.
• O Castro: Registra 9,5 euros/m², un 3% más caro que el año anterior.
• As Travesas y Balaídos: Aunque por debajo de la media, un piso de 100 m² cuesta aproximadamente 880 euros al mes, con un aumento anual del 4,1%.

Altísima demanda de vivienda protegida

Además. Vigo destaca como la ciudad gallega con mayor número de personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda. Según datos del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), la urbe acapara el 39% del total de solicitudes en Galicia. 

En enero de 2023, 6.210 personas esperaban por la adjudicación de una vivienda protegida en Vigo, una cifra significativamente superior a otras ciudades como A Coruña, donde se registraban 1.826 solicitudes.