Fiscalía pide penas entre 9 meses y 6 años de cárcel para 17 acusados por fraude tributario de 1,4 millones

La Fiscalía pide pena que oscilan entre 9 meses y 6 años de cárcel para 17 acusados de cinco delitos contra la hacienda pública, por haber creado un entramado de sociedades para defraudar la tributación de IVA por valor de más de 1,4 millones de euros, y que serán juzgados este lunes en la sala de lo Penal 3 de Vigo.

Según el escrito de acusación pública, los hechos se produjeron entre los ejercicios de 2011 y 2012, cuando dos de los ausados se dedicaron a constituir o adquirir al menos 16 sociedades mercantiles sin actividad, poniéndolas a nombre de sus cómplices —a los que pagaban pequeñas cantidades— y con las que fingían importantes adquisiciones intracomunitarias de mercancía y entregas en territorio nacional a terceras sociedades.

En esas maniobras, simulaban operaciones mercantiles, sin presentar autoliquidación del IVA ni efectuar ingresos, para beneficiar a cinco empresas que hacían las veces de receptores de esa facturación. De este modo, las sociedades creadas generaban cuotas ficticias de IVA soportado para esos terceros adquirientes, que se deducían esas cuotas en sus declaraciones ante la Agencia Tributaria.

En definitiva, esas cinco empresas, que también están acusadas en este procedimiento, obtenían mercancías a precios muy inferiores a los del mercado, al dejar de satisfacer a la hacienda pública esas cuotas de IVA.

Además de los dos procesados que estaban detrás de la constitución de las sociedades y de los administradores de las mismas, en esta causa está también acusada una trabajadora de unos almacenes logísticos de Madrid, donde se depositaba la mercancías hasta su entrega al destinatario final. Esta mujer, según el ministerio público, se encargaba de la coordinación de las sucesivas operaciones ficticias.

La Fiscalía señala en su escrito que los hechos son constitutivos de cinco delitos contra la hacienda pública y pide para los acusados penas que oscilan entre 9 meses y 6 años de prisión. Asimismo, también reclama el abono de multas por los acusados que suman más de 6,5 millones de euros, además de multas para las empresas por valor de 2,9 millones de euros y su disolución.

Finalmente, los acusados deberán devolver a la Agencia Tributaria, en concepto de responsabilidad civil, casi 1,45 millones de euros más intereses.