El Parlamento urge la aprobación del reglamento para dar fondos de compensación a víctimas del amianto

La Cámara pide que la Xunta apruebe este año una estrategia de contratación pública para el consumo de productos locales

El Parlamento gallego ha aprobado una iniciativa, a propuesta del BNG, para urgir al Gobierno central la entrada en vigor del reglamento de desarrollo de la Ley de Creación de un Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto.

El diputado nacionalista Mon Fernández ha denunciado la "demora injustificada" de un reglamento estatal que debería haberse aprobado antes del 20 de enero de 2023, de forma que las víctimas siguen esperando por la puesta en marcha de un fondo de compensación desde hace más de siete años. La iniciativa del Bloque ha salido adelante con el voto a favor del PP y la abstención del PSdeG.

En la Comisión de Economía, Fernández ha llamado la atención acerca de una reparación integral a las personas afectadas sin necesidad de acudir a los tribunales. Señala que, según Agavida, hay 10.000 víctimas solo en la comarca de Ferrol.

"Las víctimas del amianto no disponen de prórrogas, no tienen tiempo que perder", avisas sobre unos retrasos en la aprobación del reglamento "no solo frustrantes, sino también absolutamente indignantes".

La propuesta se centra en cuestiones como ampliar las patologías reconocidas, de forma que se incluya el cáncer de útero, la fibrosis o las placas pleurales, dado que consideran el listado de patologías del borrador limitado.

Entre otras cuestiones, también se demanda dotar al fondo de una estructura descentralizada resolviéndose las solicitudes el fondo desde organismos de carácter provincial o que las compensaciones económicas percibidas por las personas beneficiarias estarán exentas de tributación.

El BNG denuncia que la estructura "totalmente centralizada" del fondo de compensación hace que los encargados de resolver las solicitudes serían unos Equipos de Valoración de Incapacidades (EVIS) "colapsados".

CONSUMO DE PRODUCTOS LOCALES
En esta comisión ha salido adelante otro acuerdo, en este caso por unanimidad, impulsado por el PSdeG, para que la Xunta apruebe este año una estrategia de contratación pública para que, entre otros objetivos, se recoja específicamente fomentar la economía de cercanía y el consumo de producto local gallego en las contrataciones públicas de las diferentes entidades del sector público autonómico (hospitales, escuelas infantiles, colegios, residencias de mayores). El objetivo es contribuir a la transición energética y reducción del uso de combustibles fósiles.

Además, se pide que en las contrataciones públicas de servicios de comedor, catering o cafeterías licitadas por las entidades del sector público autonómico gallego deberá recogerse como criterio de adjudicación o como condición especial de ejecución, cláusulas que favorezcan esta medida.