Piden pena de cárcel para un hombre por impagos a la Seguridad Social y a Hacienda en la gestión de su empresa

Un hombre, administrador único de una mercantil con sede en Culleredo (A Coruña), se enfrenta a la petición de pena de cárcel por, según Fiscalía y la Abogacía del Estado, impagos a la Seguridad Social y a Hacienda en relación a la gestión de su empresa, vinculada al sector tecnológico.

En concreto, Fiscalía pide para él cuatro años de prisión en relación a un delito de insolvencia punible agravada por la cuantía y la titularidad pública de créditos solicitados en su día y no abonados, según esta parte. Asimismo plantea el pago de una indemnización de 7,6 millones a la Agencia Tributaria y de 336.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social.

El Ministerio Público argumenta que el procesado fue administrador único de una mercantil -- entre 2010 y 2018 -- "que carecía de estructura organizativa propia y diferenciada de la gestión que efectuaba personalmente en su nombre".

La sociedad, con domicilio en el parque empresarial de Alvedro, en Culleredo, fue declarada en concurso en diciembre de 2016 por un juzgado de lo Mercantil. En 2011 recibió una ayuda mediante el otorgamiento de un préstamo reintegrable de cinco millones de euros para la financiación de un proyecto de ingeniería, pero del que solo se reintegró una pequeña parte en los dos años siguientes y sin realizarse actividad alguna.

Esta sociedad estaba vinculada a otras personas físicas con otras sociedades integradas en una presunta trama, añade, creada para optar a ayudas públicas y apropiarse de sus fondos y obtener "cuantiosas devoluciones de IVA, todo ello amparado en documentos falsos emitidos por sociedades del mismo grupo", añade Fiscalía. La actividad cesó en 2014 dejando de atender a pagos a los que estaba obligado en años posteriores y hasta el concurso en 2016, sostiene también.

En el juicio, celebrado en la Audiencia de A Coruña, y frente a la postura de la defensa de alegar colaboración del hombre e incidir en su absolución en pleitos promovidos en otras autonomías, autores de informes presentados como prueba documental han aludido a "facturas falsas" o ausencia de las cuentas correspondientes sobre la actividad de la empresa en el registro mercantil.

"Fue muy farragoso por la falta de datos", ha asegurado la persona nombrada administradora concursal en 2017 para asegurar que, en la nave a la que se trasladó y en la que tenía sede la empresa. cuando ella fue no había ya trabajadores y apenas documentación. "No pude analizar la contabilidad, solo tenía la de 2014", ha aseverado para precisar que el hombre alegó tener "problemas" con los asesores y que eran ellos los que la tenían.