La tendencia de los profesores es elegir al SERGAS por encima de la Muface, según la CIG

La CIG afirma que la tendencia del funcionariado gallego es solicitar atención sanitaria pública y no privada -- más de un 85% del profesorado con plaza en los últimos cuatro años optó por el Sergas-- por lo que insiste en defender la transición de los usuarios de Muface al SERGAS.

El sindicato ha elaborado un informe con datos de Muface en base al que afirma que "hay que replantear el sistema", ya que muestra una "realidad con claras evidencias" de un cambio en la elección de la prestación sanitaria, "con una tendencia, reforzada en los últios años, a elegir la prestación sanitaria pública".

En el documento -- presentado en rueda de prensa este lunes por la responsable del Área Pública de la CIG, Laura Arrojo; Lucía Perón, de la Ejecutiva de CIG-Saúde; y el portavoz de CIG-Ensino, Suso Bermello--, constatan también la situación "muy desigual" presente entre los diferentes colectivos funcionarios que forman parte de Muface.

Así, de entre todos los colectivos funcionariales, el docente, tanto de enseñanza universitaria como no universitaria, es el que ofrece unos mayores índices de elección de la sanidad pública, con un 58,9% -- porcentaje que llega al 65% en el caso de los profesores e investigadores de las universidades públicas gallegas--.

Por contra, los funcionarios policiales optan en su mayoría por la asistencia privada (92,7%), como hace también el funcionariado de Correos y el de la Administración general del Estado (72.4%). A estos hay que sumar el colectivo de mutualistas jubilados, que también se decantan por este tipo de entidades.

Lo más destacable, han asegurado, es que las últimas incorporaciones a la función pública marcan una tendencia muy clara de elección de la sanidad pública: un 85,2% del profesorado que aprobó las oposiciones en Galicia en los últimos cuatro años (con datos de enero de 2021) optaron por el SERGAS. Esta es una cifra incluso mayor que la del conjunto del Estado, "también muy alta", que alcanza el 74,7%.

"El total de todo el funcionariado en activo en Galicia se reparte casi por igual entre las entidades privadas (49%) y el Sergas (51%). Teniendo en cuenta también al colectivo de jubilados, en el total de mutualistas obligatorios de Muface en Galicia hay un 58,7% que opta por las entidades privadas y un 41,3% que lo hace por la sanidad pública", explican.

"ENTIDADES QUE UTILIZAN A LOS USUARIOS COMO REHENES"

"La evolución demográfica, con un avanzado envejecimiento del funcionariado y especialmente de las personas mutualistas jubiladas, que conforman la parte principal de las personas que optan por la atención privada, junto con la tendencia marcada en los últimos años en el colectivo del profesorado de la educación pública que, en cifras absolutas, más mutualistas aporta al sistema, indica una previsión de que, de mantenerse en los próximos años, aumentará la presión voraz de las aseguradoras médicas", afirman.

Para los representantes de la CIG, es "lamentable, nefasto y vergonzoso" la actitud de estas entidades privadas, "y más vergonzoso aún, y más incomprensible es que haya organizaciones sindicales que vayan de la mano de unas entidades que, lo que están haciendo, es extersionar y utilizar como rehenes a los funcionarios".

Ejemplo de esto, señalan, son las cartas enviadas por Adeslas y DKV a sus usuarios informando del fin de servicio, "cuando debe haber una prórroga en caso de que haya concurso".

"Y no olvidemos que esto son entidades privadas que lo único que quieren es su beneficio (...). Lo que están demostrando es que lo último que les importa es la salud de los usuarios. Lo que les importa es ganar más dinero", han insistido.

Ante esto, la CIG reclama, en primer lugar, una visión "a futuro" del sistema, "teniendo en cuenta hacia donde se encamina la prestación" y abogan por una transición a la sanidad pública, por lo que piden al Gobierno un "plan estratégico".

Remarcan además que esta transición debe ser "transitoria, negociada y no traumática" para lo usuarios actuales, "paulatina y trabajada". "Y desde luego, con una inyección económica y de recursos humanos", apostillan.

"Y si el fin es seguir manteniendo la prestación sanitaria privada, desde luego se tiene que hacer un control del servicio que se está prestando porque continúa empeorando. Ahora mismo la calidad es nefasta", lamentan, citando la "reducción" de cuadros médicos, la derivación de casos graves y el empeoramiento de la atención, entre otros.

"FALSEDAD" EN LAS COMPARATIVAS DE GASTO SANITARIO PÚBLICO-PRIVADO

Otro de los temas abordados han sido los diferentes informes publicados por empresas y Xunta de Galicia que, para la CIG, están llenos de "falsedades", con datos que son "totalmente inexactos y que juegan con trampas".

Matizan que en el cómputo del gasto sanitario hay una parte que nunca asumen las aseguradoras privadas, el farmacéutico. Las únicas medicinas que van a cargo de las aseguradoras son las de atención hospitalaria. Además, en el gasto sanitario público también computa toda la medicina preventiva (todos los cribados cancerígenos, enfermedades infecciosas, campañas de vacunación infantil, etc).

Por otro lado, apuntan que también se "distorsiona la realidad" si no se tiene en cuenta el 'convenio rural', por el que todos los mutualistas con prestación privada que viven en municipios de menos de 20.000 habitantes hacen uso habitual de los centros de salud del Sergas, gracias al convenio firmado entre ambas entidades.