Nervios entre 63.000 funcionarios gallegos ante la ruptura entre Muface y la aseguradoras

Las aseguradoras DKV, ASISA y SegurCaixa Adeslas han anunciado que no continuarán prestando servicio sanitario a los afiliados de Muface en el nuevo contrato previsto para 2025-2026. Esta decisión afecta a más de un millón de funcionarios y sus familias en toda España, incluyendo a 63.000 personas en Galicia, generando una incertidumbre significativa sobre el futuro de la asistencia sanitaria para este colectivo. Dado los problemas que afronta el SERGAS con sus largas listas de espera y falta de sanitarios sobre todo en atención primaria, es evidente que el servicio de la Xunta no tiene capacidad de atender de golpe a 63.000 personas más, aunque parece que el Estado puede forzar a las aseguradoras a prorrogar el contrato.

DKV, en un comunicado enviado al Gobierno, explicó que el modelo actual de financiación es insostenible, ya que las pérdidas estimadas ascienden a 77 millones de euros. Según la aseguradora, el gasto en prestaciones ha crecido de forma desproporcionada en la última década, mientras que el incremento de la prima no ha sido suficiente para cubrir estos costes.

Las aseguradoras han decidido también enfocarse en los conciertos sanitarios del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), que aseguran condiciones económicas más viables. Según fuentes del sector, el modelo de Muface requiere mejoras para garantizar la sostenibilidad de la cobertura sanitaria en el futuro.

El Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública no ha descartado revisar las condiciones del contrato de Muface para hacerlo más atractivo a las aseguradoras. Como medida temporal, se evalúa la posibilidad de prolongar el contrato actual bajo los términos vigentes, hasta que se puedan definir nuevas bases para la licitación.

Muface ha emitido un comunicado para tranquilizar a los mutualistas, asegurando que "tanto los titulares como los beneficiarios van a continuar recibiendo la misma asistencia sanitaria que disfrutan con las condiciones actuales". La mutualidad ha anunciado que iniciará los trabajos para una nueva licitación "con condiciones diferentes", aunque los detalles y plazos de esta nueva propuesta aún no se han especificado.

El Gobierno había aprobado un aumento del 17,2% en la prima, llevándola a 1.208,81 euros por mutualista para 2026, lo que según el Ministerio de Función Pública representaba "la mayor prima de la historia desde que existen registros homologables". Sin embargo, las aseguradoras consideraron insuficiente este incremento, argumentando que necesitaban una subida de al menos el 25%, y algunas fuentes del sector incluso mencionaban la necesidad de un aumento del 40% para mantener la calidad de los servicios.

Protestas en Galicia el próximo lunes

Los sindicatos también han reaccionado ante esta situación. UGT ha convocado una reunión urgente con la Dirección General de Muface para el próximo jueves, buscando evitar alarmismos y obtener respuestas claras. Por su parte, CSIF, el sindicato más potente a nivel estatal entre el funcionariado, ha anunciado movilizaciones para el 11 de noviembre, acusando al Gobierno de "poner en riesgo la asistencia sanitaria de sus funcionarios". Es decir, CSIF Galicia programa protestas ante las cuatro subdelegaciones para el próximo lunes. 

Mientras Muface se enfrenta a estas dificultades, Adeslas y Asisa sí han acudido a los conciertos del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), argumentando que en estos casos los parámetros permiten un equilibrio entre la oferta de financiación y los costes sanitarios esperados.

La situación actual plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo dual de Muface y abre el debate sobre el futuro de la cobertura sanitaria para los funcionarios públicos en España. ¿No es contraditorio que los trabajadores públicos tengan derecho a elegir el sistema sanitario privado?