Las agresiones a enfermeras aumentaron en Galicia y en el conjunto de España, con cerca de 3.000 en 2023
Los datos del Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería evidencian un aumento del 10% de 2022 a 2023.
Si ya 2.580 agresiones al personal de enfermería, las registradas en 2022, nos resultaban del todo inadmisibles, faltan calificativos para referirnos a las 2.840 anotadas durante 2023. Las cifras del Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería no dejan lugar a dudas: el incremento de la violencia en los consultorios deja en evidencia la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el personal sanitario. Una lacra que se multiplica y se extiende por todo el sistema sanitario nacional, desde A Coruña a Cádiz.
UNA TENDENCIA AL ALZA
Según estas cifras -y considerando que en el País Vasco, que en 2022 registró más de 300 agresiones, no se han dado datos en esta ocasión-, es justo pensar que el número de agresiones está más cerca de las 3.000. La tendencia al alza la vemos en la propia Galicia, que pasó en cuestión de un año de 188 reportes a 212, 24 más en ese tiempo.
Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, denuncia esta situación que viven miles de profesionales de enfermería y que relaciona estrechamente con las carencias del propio sistema sanitario, donde las intermianbles listas de espera y las demoras en la atención son un condicionante para este tipo de sucesos en una sanidad que el CGE considera "infradotada". "Hacen falta casi cien mil enfermeras para equipararnos a nuestros vecinos europeos", difran desde el CGE, donde insisten en la falta de recursos como otro de los grandes males del sistema.
"Hay límites que no se pueden traspasar, porque la abnegación de nuestras profesionales no implica soportar vejaciones ni agresiones. Con la violencia, ya sea verbal o física, debemos tener tolerancia cero. No hay justificación alguna para sentir miedo o sufrir lesiones, amenazas ni ultrajes cuando uno simplemente desempeña su labor en su puesto de trabajo. Y menos cuando su trabajo consiste en salvar vidas, en cuidar de la salud de las personas", lamenta Pérez Raya, al tiempo que puntualiza la "brutal" presión asistencial que sufren los casi 350.000 enfermeros y enfermeras de toda España.
LAS DENUNCIADAS...Y LAS QUE NO SE DENUNCIAN
Por su parte, Diego Ayuso, director del Observatorio, matiza que los datos no significan necesariamente un aumento de las agresiones, sino también a una "mayor sensibilidad a la hora de registrar los datos por parte de las comunidades autónomas".
Así, y considerando que "los datos del observatorio provienen de lo que nos notifican los colegios provinciales de Enfermería, así como de algunas instituciones que a nivel autonómico también nos los hacen llegar", tampoco están plasmadas la totalidad de las agresiones y que existe "una infranotificación de incidentes violentos en los centros sanitarios, especialmente cuando se refieren a insultos y amenazas".
En esta línea, desde el CGE, que también forma a las enfermeras ante este tipo de episodios, animan a todos los profesionales a denuncia, porque incluso una agresión verbal "también le puede provocar una baja laboral y afectarle a nivel profesional en la forma desarrollar su actividad, pues muchas veces quien sufre una agresión piensa que ha hecho algo mal, cuando realmente es una situación que no tiene que ver con la actitud o con la profesionalidad de esa compañera, sino que el estrés y la ansiedad que padece un paciente o un familiar por no ver satisfechas sus expectativas por la deficiencias del sistema y no por la actuación concreta de un profesional".
"Queremos dejar muy claro a las enfermeras y enfermeros que no están solas, que ante cualquier agresión, amenaza, insulto o acoso van a encontrar todo el apoyo en sus colegios profesionales, en el Consejo General de Enfermería y, por supuesto, en la Policía Nacional, la Guardia Civil y otros cuerpos autonómicos", concluye Pérez Raya.
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