Miles de granjas podrían perder indemnizaciones por nuevas sentencias sobre cártel de la leche
Las recientes decisiones judiciales sobre el llamado cártel de la leche ponen en peligro una inyección econóica que muchos ganaderos gallegos esperaban como agua de mayo. Los productores buscan en los juzgados concretar compensaciones económicas por los daños ocasionados por la manipulación de precios entre los años 2000 y 2013 por parte de empresas como Danone, Pascual, Nestlé o Puleva, según dictó la CNMC y ratificó la Justicia. Inicialmente se estimó que unos 5.000 profesionales podrían beneficiarse. Sin embargo, las primeras sentencias producto de denuncias concretas para reclamar las indemnizaciones no están favoreciendo a los productores, al menos no en todos los casos.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a varias compañías lácteas en 2019 por prácticas restrictivas, pero muchos tribunales han dictaminado recientemente que las reclamaciones están prescritas, lo que pone en riesgo la viabilidad de miles de demandas pendientes.
En Galicia, una de las comunidades más afectadas, los ganaderos, lógicamente, miran con preocupación los fallos judiciales, pues las granjas del país fue clave en el suministro de leche durante el periodo investigado.
Las decisiones judiciales más recientes complican el panorama a los productores, según adelanta Expansión. Por ejemplo, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona desetima demandas de casi un centenar de ganaderos al considerar que la responsabilidad civil expiró en 2016, mucho antes de que la CNMC impusiera sanciones definitivas en 2019. La jueza entiende que el plazo para reclamar comenzó a correr en 2015, cuando se publicaron las primeras notas de prensa sobre el caso.
Este criterio coincide con las argumentaciones de las empresas sancionadas, como Nestlé, Grupo Lactalis y Calidad Pascual.
Sin embargo, otros tribunales han adoptado posturas distintas. Por ejemplo, en julio de 2021, el Juzgado de Granada reconoció el derecho a indemnización de una sociedad agraria afectada por las prácticas anticompetitivas, aunque esta decisión fue posteriormente revocada.
Todos pendientes del Tribunal Supremo
Los abogados que representan a los ganaderos afectados, como Juan Álvarez de Eskariam, sostienen que los primeros fallos no son representativos y califican las sentencias desfavorables como casos excepcionales. Según Álvarez, el Tribunal Supremo será crucial, ya que debe pronunciarse tanto sobre los recursos de las empresas sancionadas como sobre la validez de las reclamaciones.
Por ahora, el Supremo está revisando la decisión clave de la Audiencia Nacional, que en febrero de este año ratificó la resolución de la CNMC, que consideró probado que durante 13 años las grandes compañías lácteas intercambiaron información estratégica para reducir el precio de compra de la leche cruda, afectando a miles de ganaderos en regiones como Galicia.
En juego está mucho dinero. Por ejemplo, las multas a Capsa (21,8 millones de euros) y Danone (20,3 millones) son considerables. Además, organizaciones agrarias como la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) continúan presionando para que se reconozca el daño a los productores, quienes durante años vendieron su leche por debajo de los precios normales de mercado debido al cártel.
En Galicia, Unións Agrarias, el principal sindicato del campo gallego, estima que más de 5.000 ganaderos gallegos respaldados por esta organización podrían buscar indemnizaciones. Por su parte, el buffete Eskariam, especializado en reclamaciones de daños y litigios, anunció en su día que presentaría reclamaciones en nombre de más de 7.000 clientes a nivel estatal, ubicados principalmente en Galicia, Castilla y León, Cataluña, Asturias y Cantabria.
En principio, podrían beneficiarse todos los ganaderos que comerciaron con las empresas condenadas entre 2000 y 2013, independientemente de si siguen en activo o han abandonado la explotación.
¿Como funcionaba el llamado Cártel de la Leche?
La Audiencia Nacional confirmó la existencia de un cártel entre empresas del sector lácteo que operó entre 2000 y 2013, perjudicando a decenas de miles de ganaderos. El tribunal ratificó la resolución administrativa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que sancionaba a ocho empresas lácteas por prácticas anticompetitivas.
Las principales conclusiones de la Audiencia Nacional fueron:
- Se probó que empresas competidoras intercambiaron información sobre precios, estrategias y condiciones comerciales.
- Las industrias lácteas controlaban el mercado imponiendo precios y condiciones a los productores.
- Los ganaderos se vieron privados de libertad para negociar y escoger sus clientes.
- La infracción se calificó como "única y continuada" durante al menos 13 años.
- Se confirmaron multas millonarias a varias empresas, aunque en algunos casos se rebajaron por prescripción parcial de las infracciones. Prescripción que ahora vuelve a estar a debate, a tenor de los últimos fallos.
¿Qué empresas fueron sancionadas por la CNMC?
Las empresas sancionadas por la Audiencia Nacional en relación al cártel de la leche fueron:
- Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual S.A.): multa de 8,5 millones de euros.
- Central Lechera Galicia (CELEGA): multa de 53.310 euros.
- Grupo Lactalis Iberia: multa de 11,6 millones de euros.
- Nestlé España: multa de 6,8 millones de euros.
- Schreiber Food España (antes Senoble Ibérica): multa de 929.644 euros.
Además, se ordenó recalcular las multas para otras empresas debido a la prescripción de algunos periodos:
- Comercial Alimentaria Peñasanta (CAPSA).
- Danone.
- Industrias Lácteas Granada (Puleva).
También se confirmó la participación en el cártel, pero se anuló la multa por falta de motivación para la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (AELGA). El Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL) también fue mencionado como participante en las conductas anticompetitivas.
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