¿Cómo podría el abogado de Sito Miñanco, Gonzalo Boye, sacar tajada del pacto de investidura de PSOE y Junts?

¿Puede acabar beneficiándose Gonzalo Boye, abogado que trabajó para Sito Miñanco, del pacto entre Junts y PSOE para investir a Pedro Sánchez? Boye es una pieza clave en el círculo de máxima confianza del ex-presidente de la Generalitat Carles Puigdemont  -es su letrado- y está investigado por la Audiencia Nacional por un caso de lavado de capitales relacionado con el famoso José Ramón Prado Bugallo, alias 'Sito Miñanco'. 

La "Operación Mito" nada tiene que ver con el procés. La Fiscalía Antidroga acusa a Boye  de ayudar a Sito Miñanco a recuperar dinero incautado en el aeropuerto de Barajas el 6 de febrero de 2017, dinero que presuntamente procedía de la entrada de cuatro toneladas de cocaína.

Así las cosas, parece complicado que el PSOE pueda firmar ningún papel que prometa indulgencia alguna para el presunto colaborador de un narcotraficante. Sin embargo, algunos dan por hecho que se ha llegado a un acuerdo al respecto. El Debate, medio que dirige el ex-director de La Voz y ABC el gallego Bieito Rubido, asegura hoy que "Sánchez moviliza a la Fiscalía para rebajar el blanqueo al abogado de Puigdemont". 

Citando "fuentes conocedoras" sin identificar, la cabecera asegura que hay un acuerdo para que la Fiscalía Antidroga incluya en su acusación atenuantes que rebajen una eventual condena a Boye.  El matiz pasaría por culpar a Boye de los mismos delitos -falsedad documental y lavado de dinero por intentar recuperar la maleta con efectivo - pero indicando que se cometieron de manera imprudente. Es decir, por decirlo de un modo coloquial, sin querer.

Un delito imprudente en derecho es aquel que se comete sin intención, por ejemplo una negligencia médica. Son castigados, pero la pena asociada suele ser menor. No se castiga igual un asesinato que un homicidio que una muerte por condución temeraria.

Está por ver si la Fiscalía Antidroga incluye este atenuante en su acusación final. En todo caso, por mucho que la fiscalía argumente en uno u otro sentido, la última palabra la tienen los jueces, la Audiencia Nacional.

Consciente de que la Audiencia Nacional es tribunal con fama de severo y con intención de dilatar el proceso, Boye intentó sin éxito recientemente que la Audiencia se declarase incompetente para juzgar el delito de lavado de capital, pues en principio el blanqueo no es uno de que persigue el juzgado especial madrileño. 

Ahora bien, el narcotráfico sí lo es, y como en este caso, argumentan sus jueces, los dos delitos, blanqueo y narcotráfico, están directamente relacionados, sí son competentes para juzgarlos, según razonaron en un reciente auto.

Así las cosas, por ahora sobre la cabeza de Gonzalo Boye Tuset sigue pendiendo una petición de diez años de cárcel por blanqueo y una multa de casi tres millones. No hay certeza alguna de que la Fiscalía vaya cambiar de criterio bajo supuestas presiones políticas, de lo que no hay duda es que muchos ojos están vigilando tal posibilidad.