Pedro Sánchez no es el primero: estos fueron los anteriores casos de 'lawfare'

En un panorama político marcado por la polarización y las estrategias de desprestigio, figuras prominentes como Mónica Oltra, Pedro Sánchez y Vicky Rosell han enfrentado duras pruebas debido a denuncias falsas y campañas de la ultraderecha y la derecha. Estas situaciones ponen de manifiesto el peligro del lawfare político, un arma que busca socavar la democracia a través de los tribunales y los medios de comunicación.
 

Mónica Oltra, ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, vivió en carne propia la presión de una campaña que la llevó a la imputación por supuestamente encubrir abusos sexuales atribuidos a su exmarido hacia una menor tutelada. Aunque la denuncia fue archivada posteriormente, ya era tarde para evitar su renuncia debido a las presiones del gobierno de coalición en el que participaba.

Por su parte, Pedro Sánchez, enfrentó denuncias del pseudosindicato Manos Limpias contra su pareja, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias. Este ataque, descrito como sin precedentes, llevó al presidente a cancelar su agenda para reflexionar sobre su permanencia en el cargo, evidenciando el impacto que puede tener el lawfare en las decisiones políticas fundamentales.
 

Vicky Rosell, exdelegada del Gobierno contra la violencia de género, también fue víctima de persecución desde 2015 por el exjuez Salvador Alba, quien fue condenado por conspirar contra ella. Esta persecución derivó de una denuncia del exministro José Manuel Soria, aunque el caso se archivó posteriormente. Estas experiencias muestran cómo el lawfare puede afectar la carrera política y la vida de las personas involucradas.

En el caso de Podemos, se menciona que desde 2015 se han archivado más de 20 querellas contra miembros del partido, destacando el caso Neurona como uno de los más prolongados en su instrucción. Estos casos reflejan una realidad preocupante en la que el sistema judicial es utilizado como herramienta de manipulación política.