Administrador judicial denuncia fraude de subvenciones en la residencia de O Barco que vincula a prostitución
El gestor de la residencia de O Barco de Valdeorras, multada este año por la Xunta por insuficiente comida, acaba de ser denunciada ante la Fiscalía Europea. Carles Moner, ex-administrador judicial de la Fundación, acusa al cofundador de Fundación Nuestra Señora de Fátima, Gerardo Encinas, a su mujer, Felibella da Piedade Monteiro, y a dos hijos de varios presuntos delitos. En concreto: falsedad documental, apropiación indebida, prevaricación, fraude en subvenciones nacionales y europeas e insolvencia punible; según la documentación remitida por los denunciantes a Galiciapress.
Además de la residencia homónima en O Barco, la Fundación gestiona y gestionó residencias en Cataluña, en Barcelona y Vallirana.
La pelea judicial empezó hace una década, cuando la justicia encargó a Moner la gestión de los asilos tras apartar a Encinas por supuestamente apropiarse de fondos de la Fundación. Entonces, el administrador judicial presentó en el juzgado un informe en el que, además de denunciar el presunto desfalco, vinculó al empresario con la prostitución, al afirmar que "de lo actuado e informes recibidos se deduce que en los años 80 y procediendo de O Barco en donde regentaba un bar de señoritas 'El Shangai', X.X,X. inició en nombre propio en Vallirana (Barcelona) una cadena de residencias privadas para ancianos". Desde entonces, ambos bandos se han cruzado en varios pleitos. La disputa escala ahora hasta la Fiscalía Europa.
Galiciapress ha contactado con la Fundación para dar su punto de vista sobre lo sucedido. Por ahora no ha recibido respuesta.
Ayuda de la Xunta para un edificio que no es de la Fundación
La versión del denunciante es que hay un presunto fraude de 1,4 millones de una subvención concedida por AGADER (Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, dependiente de la Xunta) con fondos europeos para la construcción del edificio de la residencia en O Barco. La propiedad del inmueble construído con dinero público no sería de la Fundación, a quien se le concedió la subvnción, sino de los acusados a través de las empresas Rodriguez y Dalila S.A y Galicia 2000 SL.
El pleito puede expandirse en Galicia y salpicar a la Xunta. La acusación explica que “la citada Fundación se constituyó en fraude de Ley al no existir dotación fundacional real y efectiva, siendo una pantalla para obtener subvenciones, no en beneficio de la fundación sino de la familia, pues todos los bienes están a nombre de la mercantil Galicia 2000”. El equipo de Moner asegura que esto fue posible gracias a una “tolerancia rayana en la prevaricación por parte de la Xunta de Galicia”.
Además de la querella ante la Fiscalía Europea, el administrador judicial ha presentado otra en Sant Feliu de Llobgregat, comarca donde está la residencia de Vallirana, y “próximamente en Santiago de Compostela”.
La Xunta es la responsable de inspeccionar las residencias y quien otorgó a la Fundación la categoría de Interese Galego. Galiciapress ha contactado con la Consellería de Política Social para informar de la situación legal de la Fundación. Una de las presuntas era si la Administración va a seguir colaborando con esta residencia pese haberla sancionado por falta de alimentos y personal, los vínculos denunciados con la prostitución y haberla intervenido durante la crisis de la covid, cuando murieron allí al menos 17 ancianos. Por ahora, la Xunta guarda silencio.
Según figura en el Rexistro de la Consellería, la Xunta financia la Fundación mediante el pago de diez plazas públicas, de las 212 del asilo.
Pese a la enorme demanda de plazas en residencias, el Rexistro Único de Entidades Prestadores de Servizos Sociais de la Xunta indica que en Nuestra Señora de Fátima de O Barco hay 91 plazas disponibles. Es decir, la residencia de O Barco tiene más del 42% de las camas sin ocupar.
La denuncia de Moner llega a la Fiscalía Europea -y probablemente próximamente a los juzgados de lo contencioso de Santiago- tras declararse incompetente la Audiencia Nacional.
En su escrito al tribunal español ahora remitido a Luxemburgo, el administrador judicial vuelve a vincular, como ya hiciera tras hacerse cargo de la Fundación, a Rodriguez Encinas con la prostitución al afirmar que “a finales de los ochenta un insolvente Sr. Gerardo Rodriguez Encinas, procedente de O Barco de Valdeorras (Provincia de Ourense), donde regentaba un local de alterne denominado Shangai, se trasladó, con su esposa (...) a la localidad catalana de Vallirana, en la que disponían de una pensión donde albergaban ancianos terminales”.
Además se ratifica en “la constitución fraudulenta de la Fundación Benéfica Nuestra Señora de Fátima, como de interés gallego, cuando la actividad se centraba en Cataluña; y elotorgamiento de escrituras falsas y de falso contenido, con las que obtuvo la aprobaciónde la Conselleria de Presidencia de la Xunta de Galicia para ser considerada de interésgallego”. Esta es una acusación que Moner ha esgrimido en varios pleitos ante la justicia gallega, incluso ante el TSXG, por ahora sin éxito.
A continuación denuncia “la apropiación, por el querellado Sr. Gerardo Rodriguez Encinas, y su familia consiguiendo apoderarse de los activos y bienes inmuebles construidos y financiados por la fundación”, que pasarían a Galicia 2000 SL y “la utilización de sociedades instrumentales que convierten al querellado D. Gerardo Rodriguez Encinas en insolvente para evitar que la Seguridad Social pueda ejecutar los embargos por la derivación de responsabilidad en impago de cuotas de la seguridad social”.
Galiciapress ha comprobado en el Registro Mercantil que Galicia 2000 SL ha estado administrada por Rodriguez Encinas, Dalila y Encinas SL y Residencia Cataluña 2000.
En el registro de entidades sociales de la Generalitat, la Fundación aparece como titular de Residencia Tercera Edad Santa Fátima de Vallirana, con 50 plazas. La entidad también afirmaba hace unos años operar una residencia en Barcelona, el Llar D´Avis Nuestra Señora de Fátima en el Tibidabo, pero este establecimiento no figura en el actual registro de la administración catalana.
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