Intervención del Estado lleva 6 años sin entregar informes clave para juzgar la Operación Zeta

Doce años después de las detenciones de la operación Zeta, que estalló en 2012, una de las principales causas contra la corrupción en la historia reciente Galicia, sigue estancada en fase de instrucción por la falta de informes de un organismo estatal. Fuentes oficiales de la administración de Justicia han informado a Galicia Press que la  Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) solo ha facilitado parte de los informes que le solicitó el juzgado de instrucción número 6 de A Coruña.

El juzgado los pidió a originalmente en 2018, es decir, hace seis años. Fue el atras de esos informes lo que provocó en su día el archivo provisional de la causa y fue la llegada, de alguno pero no de todos los documentos solicitados, lo que llevó a la reapertura de la instrucción en 2020.

La operación Z  ha recobrado actualidad esta semana al hilo del fuego cruzado entre Partido Popular y Partido Socialista. El ministro de Transportes Óscar Puente argumentó el lunes en el Senado que los conservadores no pueden quitar lecciones a los socialistas teniendo en cuenta que el investigados como presunto conseguidor de la trama corrupta Pachi de Lucas era amigo de Alberto Núñez Feijóo e incluso, según dejó caer, el mandatario dormía en la residencia oficial del presidente gallego en Montepío. Con todo, hay que recordar que los cargos contra este empresario fueron archivados en 2017 por falta de pruebas.

¿Y cuál es la condición procesal de Gerardo Crespo, el dueño de las academias del grupo Azetanet y destacado militante del Partido Popular de A Coruña que, según la policía, era el supuesto cerebro de la organización que estafaba subvenciones públicas?

TSXG: “Todo sigue igual que al inicio del caso porque fue archivado a la espera de recibir los informes de la Intervención General del Estado, los cuales aún no llegaron completos".

“Todo sigue igual que al inicio del caso porque fue archivado a la espera de recibir los informes de la Intervención General del Estado, los cuales aún no llegaron completos. Según el juez, como el expediente sólo está a la espera de recibir estos documentos, los investigados siguen en la misma condición” explican portavoces oficiales del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Las mismas fuentes apuntan a que han llegado dos pero pero que faltan el resto de los solicitados.
 

Gerardo Crespo, militante del PP, declaró ante la juez en 2015 que Pachi de Lucas “no sólo es amigo de Alberto Núñez Feijóo, es muy, muy amigo y gran protegido de Mariano Rajoy”. Insinuaciones que no fueron suficientes para la jueza, que dictó que no había indicios lo suficientemente sólidos para atribuir a de Lucas capacidad de influencia en el reparto de subvenciones.
 

Según reveló en su día el PSOE en el Parlamento de Galicia, en el sumario figuran varios correos electrónicos enviados por Crespo a de Lucas para que mediecon   Beatriz Mato, por entonces conselleira de Traballo y después líder del PP en A Coruña, y conceda subvenciones a Azetanet. También hay correos escritos directamente por Crespo al presidente de la Xunta, con copia a Pachi de Lucas, quejándose de la tardanza en el impago de las subvenciones.

Cuando la oposición le pidió explicaciones al entonces presidente de Galicia en el Parlamento, enarbolando una foto en la que de Lucas Feijóo y Rajoy comparten palco en la plaza de toros de Pontevedra, el entonces líder del Partido Popular de Galicia respondió que él no tenía intermediarios y que ninguna persona podía hablar en su nombre. El político  no entró a valorar su relación con Pachi de Lucas.
 

¿Qué es la intervención general del Estado, el ente que está trabando la instrucción, según se desprende de lo informado por el juzgado coruñés?

La IGAE es responsable de supervisar el sector público estatal, garantizando que sus operaciones cumplan con los estándares legales y financieros, incluyendo la auditoría y el control de subvenciones para asegurar la legalidad, economía, eficiencia y eficacia en su gestión económica. Es un ente que depende del Ministerio de Hacienda.
 

Una de las líneas de defensa que esgrimió Feijóo en su día es que las academias de Crespo habían recibido cuantiosas subvenciones no sólo de la Xunta de Galicia bajo su mandato sino también de la administración autonómica en la época del bipartito y también de otras administraciones públicas.

La acusación contra la trama se basa en la hipótesis de que algunos de los cursos subvencionados no se llegaban a realizar o que eran completados de manera irregular al subcontratar Crespo su impartición a empresas del propio grupo, una práctica prohibida por la legislación.

Por otra parte, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han señalado que hace unos días estaba fijada la declaración de dos responsables de la Agencia Tributaria para ratificar unos informes, aunque finalmente fue suspendido, a petición de una de las partes.

"Está en instrucción a la espera de práctica de pruebas periciales y ratificación de informes", han manifestado las fuentes consultadas por la agencia que han pronosticado que no habrá juicio ni este año ni el próximo al no estarse todavía en la fase para el auto de conclusión de la investigación.