Sindicatos, empleo y estado de bienestar

La experiencia europea posterior a la II Guerra Mundial puso en evidencia que en aquellos estados en los que se avanzó decididamente en la construcción del estado de bienestar fue fundamental la presencia de los sindicatos. Gran Bretaña, países escandinavos, Alemania, Francia...mostraron que el buen entendimiento y la negociación entre gobiernos de izquierdas y sindicatos facilitó que se pusiesen en marcha políticas públicas dirigidas a incrementar el gasto en funciones de bienestar tales como sanidad, enseñanza, vejez, infancia, desempleo…que, por otra parte, además de crear mucho empleo, facilitaron el crecimiento económico y el bienestar social que ayudaron a que estos estados se hiciesen fuertes al tiempo que más igualitarios. Unos estados en los que la presencia de movimientos sindicales potentes contribuyó decisivamente a que se diesen lecciones de solidaridad y conciencia de clase.

En Europa el período que se conoce como "los treinta años gloriosos 1946-1976",  cuando se combinaron el crecimiento económico con la creación intensiva de empleo, la mejora del bienestar, la reducción de la desigualdad, no hubiera sido posible sin la colaboración entre los gobiernos y los sindicatos. En sentido contrario, la revolución conservadora, en la década de los ochenta, que había iniciado Margaret Thatcher en Gran Bretaña (1979), pero que continuaron tanto dirigentes conservadores (Helmut Kohl, Giscard d´Estang..) como socialliberales (Bettino Craxi, Tony Blair, Gerhard Schröder...) puso el foco de la acción política en el endeblecimiento de los sindicatos para así poder aplicar con mayor eficacia políticas de ajuste fiscal, rebaja salarial y desmantelamiento del estado bienestar. Un debilitamiento sindical que contribuyó decisivamente a que se acelerase el crecimiento del desempleo.

Una de las columnas centrales del estado de bienestar son las pensiones públicas tanto por el peso del gasto público que suponen -lo más elevado entre las transferencias- como por el amplio número de colectivos que se benefician -mayores, viudos y viudas, dependientes, discapacitados, jóvenes...-. Por tales razones son, sin género de dudas, un pilar fundamental en la lucha contra la pobreza y a favor de la igualdad, algo que las clases populares tienen muy claro, he ahí su férrea defensa. Son también una variable que contribuye de forma importante al crecimiento económico a causa del impulso que le dan la demanda interna. En sentido contrario, las pensiones son también constante objeto de ataques tanto por las fuerzas políticas conservadoras y sus medios, como por las entidades financieras -bancos, mutuas, fondos de inversión- que ven en ellas tanto un escudo social que anima la capacidad de resistencia de las rentas bajas como un nicho de mercado muy zumoso. Choque de intereses que con frecuencia se refleja, como por caso estamos viendo hoy en Francia, en duras y largas batallas.  

En este marco el acuerdo recientemente firmado entre el Gobierno español de turno (PSOE/UP) y las organizaciones sindicales mayoritarias (UGT/CC.OO.) en el marco de la reforma de las pensiones públicas es altamente positivo porque, además de las razones señaladas, se dan otras también muy relevantes. Así, la firma de este acuerdo es un reconocimiento por ambas partes tanto de unos derechos sociales cuanto de los beneficios que para toda una sociedad le supone la cobertura universal de las necesidades básicas. También supone, dados los déficits sociales que esconde España, un importante avance a su equiparación con los estados europeos con mayor nivel de bienestar. Finalmente es oportuno señalar que su aporte al crecimiento económico y la creación de empleo será notorio.

Por su parte, los sindicatos vuelven a demostrar que, hoy por hoy, siguen siendo imprescindibles en una sociedad plural y democrática que procura el bienestar general. Lástima que la burocracia empresarial española no entienda lo mismo y, por razones estrictamente partidistas, no sea quien de estar a la altura que le corresponde.