Refugiados en Galicia: mucha solidaridad pero más coordinación
Los últimos datos hablan de casi 500 refugiados destinados a Galicia procedentes de Mali en su gran mayoría. Son refugiados porque huyen de una guerra civil que lleva años enquistada trece años en ese país del Sahel. La llegada de estos refugiados responde al intento de “descongestión” en los centros de acogida canarios donde la situación se estaba volviendo insostenible para el gobierno de las islas ante la avalancha de personas que llegaban por mar
La reubicación de refugiados en Galicia se ha convertido en un tema de debate de importancia en los últimos meses. Según las previsiones del Gobierno central, 470 refugiados procedentes de Mali llegarán a la comunidad autónoma en las próximas semanas, huyendo de la guerra en Mali. El Gobierno central, ante la presión migratoria sobre las islas Canarias, estableció un plan de emergencia para aliviar al archipiélago de lo que el presidente canario, Fernando Clavijo, ha calificado como un intento de “derribar el gobierno de Canarias”, intento en el que también metió al PP. Fuera de las refriegas políticas, el establecimiento de refugiados en Galicia se ha ido produciendo de forma paulatina y obedeciendo a los criterios establecidos para calificar a una persona como refugiada o no.
INSTITUCIONES Y ONGs
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, calificaba la situación como "una emergencia humanitaria continuada en el tiempo". Blanco aseguraba que la acogida y manutención de los refugiados se financiará íntegramente con cargo a los presupuestos del Gobierno de España, sin suponer ningún coste para la Administración autonómica
Por su parte, la Xunta de Galicia ha expresado dudas sobre las cifras proporcionadas por el Gobierno central. Fuentes de la Consellería de Política Social afirman tener conocimiento de un número mucho mayor de plazas reservadas para refugiados procedentes de Canarias. Esta discrepancia ha generado cierta tensión entre ambas administraciones.
En el caso de las ONGs algunas de ellas están especializadas en abordar situaciones como la que se presenta. Un caso es Rescate Internacional que el jueves 9 de enero realizaba una intervención junto al delegado del Gobierno y a la alcaldesa de Burela, Carmela López, para explicar a los vecinos y vecinas en qué consiste la acogida de 110 personas en su municipio.
Desde el Defensor del Pueblo se han señalado varias preocupaciones respecto a la acogida de refugiados, incluyendo la inadecuación de las infraestructuras para la recepción en costas y la insuficiencia de personal capacitado para la identificación de personas vulnerables. Además, se ha recomendado la adopción de un protocolo de intervención ante llegadas masivas que contemple infraestructuras idóneas, medios humanos especializados y criterios de colaboración entre administraciones y organizaciones.
LOS PAPELES DE CADA UNO
En el caso de mayores de edad, es el Gobierno quién tiene las competencias para la acogida hasta que se dirima si la situación de una persona es de refugiada o no. Si hablamos de menores, son las CCAA las que se hacen cargo de estos. Durante el período en que una persona espera su declaración como refugiado, esta recibe formación y enseñanza de lengua española. Si su estatus finalmente es de refugiado pasa a obtener una serie de derechos a mayores. En caso contrario, serán declaradas personas en situación irregular. Aún así, las ONGs suelen atender estos últimos casos buscando vías de admisión para que tengan la condición de arraigo.
Con las personas refugiadas y repartidas por diferentes lugares de España, como el caso de Burela, se establecen refugios temporales. “Se ha habilitado un antiguo hotel para la acogida de 110 personas” dice la alcaldesa Carmela López. Ante esta llegada de personas en un pueblo de 10.000 habitantes y donde conviven hasta 42 nacionalidades, López consideraba la reunión del 9 de enero como necesaria. “Hay que aclarar dudas y desmentir todos los bulos que, desafortunadamente, están apareciendo en las redes sociales”.
Si bien el delegado del Gobierno declaraba el 18 de julio del año pasado que los gastos estarían cubiertos por los presupuestos del Estado, López por su parte ha indicado que “este programa de Protección Internacional está financiado con fondos europeos”. Sin embargo, el ayuntamiento no opera dentro del programa sino que colabora en gestiones como el empadronamiento y el acceso al SEPE. También puede actuar como intermediario en caso de que haya empresas buscando mano de obra pues, recordemos, estas personas se están formando en oficios e idioma. Este mismo papel se reserva para las diferentes ONGs.
La reubicación de refugiados en Galicia presenta tanto oportunidades como desafíos. Mientras el Gobierno central ve esta medida como una respuesta necesaria a una crisis humanitaria, la Xunta de Galicia expresa preocupaciones sobre la transparencia y la gestión del proceso. Las ONGs, por su parte, continúan desempeñando su papel en la integración y apoyo a los refugiados. El éxito de esta iniciativa dependerá en gran medida de la coordinación efectiva entre todas las partes involucradas y de la capacidad de abordar los desafíos logísticos y sociales que conlleva.
Escribe tu comentario