Intervencionismo: el peligro sobre los medios públicos que la UE busca evitar

A partir del mes de agosto de 2025 será obligatorio el cumplimiento del Reglamento Europeo de Libertad de Medios. Este documento, entre otros, busca la no intromisión o intervención de los gobiernos sobre los medios, sobre todo los públicos, para que puedan emitir una información veraz y sin censuras. Que los periodistas no puedan ser presionados para no informar sobre determinados asuntos o para revelar sus fuentes y, sobre todo, que los medios públicos no sean objeto de utilización política por parte de los poderes políticos. También se deben fijar criterios para la elección y cese de los cargos directivos de los media de titularidad pública. En tal caso, Pedro Sánchez ha buscado dar un golpe de timón en lo que se refiere a la “política mediática” en España.

PASOS HACIA ATRÁS

“El Reglamento de la UE alerta de los pasos hacia atrás que se están dando en varios países como es la intromisión de los gobiernos en las líneas editoriales o en el trabajo periodístico de los medios públicos” dice Belén Regueira, decana del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG). En cuanto a los medios privados, se buscaría una mayor transparencia en cuanto a fondos públicos relacionados a publicidad institucional. 

El principal temor es que se den situaciones de presión sobre los medios públicos y estos no puedan ejercer una labor informativa sin intromisiones. Esta intromisión perjudicaría al medio en tanto en cuanto iría alterando su línea editorial, esto daría una mayor ventaja a otros medios que sí pueden actuar sin estar sometidos a presión. “No habría una competencia en igualdad de condiciones con los demás medios privados”.

En su intervención del 17 de julio en el Congreso, Sánchez propuso que el público tenga acción a las vías de financiación de los medios (privados), “el nombre de sus accionistas y las cifras de audiencias de forma honesta para evitar fraudes en la inversión publicitaria". Sin embargo, y volviendo a insistir, el Reglamento sobre el que dice basarse el presidente del Gobierno es un documento pensado para los medios públicos. Aún así, “los medios privados no deberían tener miedo en señalar la procedencia de sus ingresos” señala Regueira. Aún así, no son muchos los que comparten esta visión de Sánchez.

CULTURA DEMOCRÁTICA Y MEDIÁTICA

“Los medios públicos debieran estar lejos de cualquier influencia gubernamental” apunta Regueira. Para garantizar este punto se estima necesaria la creación de un organismo regulador, en el caso español Sánchez propuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), algo con lo que no están de acuerdo en el CPXG. “Consideramos necesario un organismo específico que siga la aplicación de este reglamento”.

Sin embargo, sería necesario fomentar una cultura democrática y mediática entre el público, los poderes públicos y los partidos políticos para que se vea que es posible llevar adelante un proyecto de control y transparencia sobre medios públicos. Esa cultura democrática implicaría también el hecho de poder debatir criterios para otorgar ayudas públicas. 

Por último, el reglamento también hace hincapié en la protección del y de la periodista para que no se pueda ejercer presión sobre ellos. Incluso en cuestiones como el espionaje a los mismos mediante diversas técnicas (ciberespionaje entre ellas). A pesar de ello, la presión existe en diversos medios de la profesión. 

El último ejemplo de intentar presionar a profesionales y medios públicos es la propuesta del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que obvia muchas de las previsiones de la ley de 2011 sobre medios públicos gallegos. Esta última ha estado quince años sin aplicarse y ahora Rueda pretende incluso sobrepasar aquellos aspectos más transparentes de la ley nacida en el primer mandato de Feijóo. Al final, la propuesta del actual presidente de la Xunta ha trascendido el territorio gallego y ya ha suscitado la protesta de la Federación de Asociaciónes de Periodistas de España (FAPE).