Tungsten, concesionaria de la mina de San Finx, citada a declarar por supuestos delitos ambientales

La Justicia de Noia ha llamado a Tungsten San Finx, al frente de la explotación en el complejo minero, por la supuesta comisión de un delito ambiental. 

Exigen medidas para que la empresa "no se dé a la fuga, como hicieron anteriormente Sacyr, en 2021, y la australiana Pivotal Metals, el pasado verano".

El juzgado de instrucción número 2 de Noia (A Coruña) ha citado a declarar el próximo 1 de febrero, como investigada, en la persona de su representante legal, a la empresa Tungsten San Finx, concesionaria de la mina de San Finx, en el procedimiento que se sigue por la presunta comisión de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, según han confirmado fuentes judiciales.

La organización Ecoloxistas en Acción, personada en la causa junto a las cofradías de Noia, Portosín y otras entidades, ha señalado que esta citación se produce después de que "en las diligencias penales se evidenciaran los altos niveles de concentración de metales pesados que los vertidos de la mina están inyectando en el medio natural".

Así, las organizaciones ecologistas han señalado que los informes del Seprona de la Guardia Civil son "contundentes", y han apuntado que los últimos análisis, de octubre pasado, reflejan niveles de cadmio aguas abajo del punto de vertido que "superan 100 veces los niveles máximos permitidos por la legislación".

Según han avanzado, aprovecharán la comparecencia en el juzgado del representante de la empresa concesionaria para "demandar soluciones", en una concentración de protesta delante del juzgado de Noia el 1 de febrero, "ante la negativa de la empresa minera y de la Xunta a adoptar las medidas necesarias para evitar los vertidos".

En la protesta, los colectivos ecologistas y del mar volverán a reclamar el sellado de galerías y escombreras, y la retirada de los residuos mineros acumulados en el río, para acabar con los vertidos de metales pesados, según ha explicado Joám Evans, portavoz de Ecologistas en Acción.

También exigen medidas para que la empresa "no se dé a la fuga, como hicieron anteriormente Sacyr, en 2021, y la australiana Pivotal Metals, el pasado verano". Al respecto, piden a Augas de Galicia que imponga el cobro del canon de control de vertidos, que cifran en 30 millones de euros, y han solicitado al juzgado la adopción de medidas cautelares para obligar a la empresa a iniciar de forma urgente la reinundación y sellado de la mina.

La Plataforma Comarcal contra as Verteduras da mina de San Finx ha advertido de que es necesario "proteger de modo efectivo" la ría frente a la contaminación por metales pesados, que se suma a otros problemas, como las deficiencias en el saneamiento, la mala gestión de la central hidroeléctrica del Tambre o la "reciente llegada masiva de plásticos".