Yolanda Díaz, dispuesta a regular la figura de abogados y procuradores del turno de oficio, "los 'riders' de la Justicia"

Año nuevo, misma huelga. Los abogados y procuradores del turno de oficio encaran 2024 enfrascados en el mismo conflicto que sufre el sector desde hace años, donde la precariedad campa a sus anchas y arrastra a unos profesionales que demandan más estabilidad laboral a las administraciones públicas, encargadas de velar por este servicio fundamental. Fruto de esa denuncia llegó la primera jornada de huelga del sector el pasado verano y la primera convocatoria de huelga indefinida, en la que se encuentra el turno de oficio desde hace un mes y medio y que ahora podría haber dado un giro después de la reunión mantenida ayer con la ministra de Trabajo y vicepresidenta Yolanda Díaz.

Díaz estuvo acompañada de Marta Lois, candidata de Sumar Galicia en las próximas elecciones autonómicas del 18 de febrero, en la reunión con los representantes del Sindicato Venia, que acercaron a la ministra las reivindicaciones de un colectivo que la ferrolana, como abogada y por su experiencia en este turno, conoce bien. “Ha sido una reunión muy satisfactoria”, indica Rosa Lozano, delegada en A Coruña del sindicato, que dice que se encontraron a una ministra “muy conocedora de nuestra problemática y muy receptiva”. 

“La ministra de Trabajo entiende perfectamente que necesitamos una regulación de la figura del profesional del turno de oficio que reconozca nuestros derechos laborales, como ya hizo en el pasado con los repartidores, por ejemplo”, recuerda Lozano, poniendo en paralelo a los dos colectivos, pues los trabajadores del turno de oficio “somos los ‘riders’ de la Justicia”. 

De esta forma, perciben que Díaz es una persona “entregada a esa labor y preparada para escucharnos y luchar por ello, reconociendo al sindicato como un elemento clave en el desarrollo de esa normativa”. Las dos partes se han emplazado a seguir hablando y acercar posturas, con una buena sintonía en torno a las reivindicaciones que hacen desde el colectivo, como son los salarios dignos, el derecho a la conciliación o una mayor formación, entre otros.

SILENCIO DE JUSTICIA Y XUNTA 

No obstante, desde Venia coinciden en que la figura del Ministerio de Trabajo es fundamental, pero que hay otras instituciones, como la Xunta o el Ministerio de Justicia, que tienen que dar pasos al frente de cara a desbloquear esta situación. Yolanda Díaz podría ser una de las bisagras para lograr que su homólogo en Justicia, Félix Bolaños, se siente de una vez a departir con los abogados y procuradores, pero más difícil es el escenario con una Xunta enrocada en el silencio.

“No tenemos ningún tipo de negociación abierta con la Xunta, que no se ha puesto en contacto con nosotros de ninguna forma. La Xunta tiene que dar el callo y es el momento”, invita Lozano. De hecho, declaraciones como las vertidas por parte del vicepresidente primero, Diego Calvo, parecen indicar que sí hay establecidas las bases para un diálogo, algo que niegan de forma rotunda desde el sector.

“Creemos que confunden a la población de forma consciente. No es lo mismo reunirse con los Colegios Oficiales que con los abogados y procuradores que prestamos el turno de oficio. Hasta ahora nos han ninguneado a los huelguistas”, reprende Lozano, que sin embargo reivindica la unidad de todos los trabajadores del turno de oficio que llevan ya 43 días en huelga con el apoyo de “todos los operadores jurídicos”, aunque de una forma menos entusiasta desde los Colegios de Abogados y Procuradores. 

“El seguimiento es muy alto e incluso crece día a día. En torno al 90% de los procedimientos del turno de oficio han sido suspendidos en el caso de Galicia, teniendo en cuenta que se tramitan los procedimientos que consideramos servicios mínimos”, subraya, sobre unos servicios mínimos “autorregulados” por la “dejación” de la Xunta para fijar los servicios mínimos.

MILES DE JUICIOS SUSPENDIDOS, Y CADA VEZ MÁS

La suspensión de los procedimientos -a nivel estatal se cuentan por miles- no es un asunto menor, ya que el déficit estructural que presenta el propio sistema, con la carencia de unidades judiciales, está provocando que algunos señalamientos de vistas civiles se fechen para junio de 2025, tal y como denuncia el Colegio Oficial de Procuradores de Pontevedra. Este embotellamiento viene ya de lejos, desde antes de la pandemia, donde también se suspendió la actividad, y con las huelgas de LAJs y funcionarios afectando a todavía más vistas. 

“Todo esto generó un retraso evidente que provocó un colapso. La huelga no mejora esta situación”, lamenta Lozano, por lo que pide a las administraciones que se pongan en disposición de sentarse a negociar para evitar un mal mayor. Como método de presión, los trabajadores en huelga volverán a concentrarse este mes de enero una vez se reabra el año judicial, con protestas que serán “prácticamente cada semana” hasta que, de una vez por todas, se solucione el conflicto.