La UE también da prioridad a dos minas de litio portuguesas que pueden afectar a Galicia

La UE ha concedido también este status a dos proyectos de explotación de litio en Portugal muy cercanos a la frontera con Ourense. Tanto, que en los dos casos, el Estado luso ha tenido que pedir un informe de impacto ambiental a España. La clasificación como estratégicas por parte de la Comisión Europea implica que las minas podrán tramitar sus permisos mucho más rápido y optar a subvenciones públicas. Es decir, no necesariamente saldrán adelante, pero tienen muchísimas más opciones de conseguir los permisos.

El proyecto más próximo a Galicia es Mina do Romano, en la parroquia de Morgade, municipio Montalegre, Vila Real. Está situada a menos de 50 kilómetros de la frontera con el concello ourensano de Baltar. La empresa que aspira a explotarla es Lusorecursos Portugal Lithium S.A. Fue creada por Ricardo Pinheiro y José Torres da Silva.

Además de la mina, la empresa planea construir un complejo industrial que incluirá una refinería para procesar químicamente el litio, asegurando así el control de toda la cadena de valor, desde la extracción hasta el producto final. La inversión total estimada para este desarrollo ronda los 650 millones de euros, con planes para iniciar la construcción en 2025 y comenzar la producción de hidróxido de litio a finales de 2027.

La otra explotación en ciernes está unos 20 kilómetros más al sur, en Covas do Barroso, municipio de Boticas, Trás-os-Montes (Norte). La promotora es Savannah Lithium Unipessoal, subsidiaria de Savannah Resources Plc, que cotiza en la Bolsa de Londres bajo el código SAV y tiene su sede en Londres. Un estudio calculó que la mina puede generar un valor de 953 millones de dólares gracias a una producción anual estimada de 175.000 toneladas de concentrado de espodumenno.

Ambas minas han desatado protestas significativas debido a preocupaciones ambientales y sociales.

En Montalegre, las protestas han sido lideradas por la Asociación Montalegre Com Vida, que ha solicitado aclaraciones urgentes sobre la aprobación ambiental, destacando la falta de respeto hacia la población y el impacto potencial en la biodiversidad, especialmente en presencia de lobos ibérico.

En el caso de Barroso, los residentes de Covas do Barroso, un pueblo con estatus de Patrimonio Agrícola Mundial de la ONU, han expresado temores sobre la destrucción del paisaje, la contaminación del agua y la erosión del suelo, lo que podría afectar sus medios de vida agrícolas.

Problemas legales y ambientales en curso

La Fundação para a Ciência e Tecnologia, un ente público, encargó un estudio científico sobre el potencial impacto de la minería de litio en los cultivos agrícolas y en la salud humana de los vecinos. El objetivo del estudio es servir de base a investigaciones posteriores, comparando resultados sobre los niveles de litio en productos como la patata.

Ambos proyectos van con retraso. Inicialmente se proyectó que la Mina do Barroso comenzaría su construcción en 2022 y la producción comercial en 2023. En septiembre de 2023, la Agencia Portuguesa del Ambiente (APA) otorgó la aprobación ambiental definitiva para este proyecto, tras un proceso que comenzó con la concesión minera otorgada en marzo de 2019.

Esta aprobación llegó a pesar de una consulta pública mayoritariamente negativa. El atraso se explica en parte por el escándalo desatado por el supuesto pago de comisiones a políticos.

Las medidas solicitadas por España

La de Barroso es considerada uno de los mayores depósitos de litio de Europa debido a su tamaño y calidad. Este proyecto cuenta con una reserva estimada de 20,5 millones de toneladas de mineral con un contenido promedio de 1,05% de óxido de litio. Además, se espera que produzca alrededor de 191.000 toneladas anuales de concentrado de espodumena, un mineral clave para la extracción de litio.

Debido a los riesgos ambientales y a la proximidad de las minas a Ourense, Portugal se vio obligado, por la normativa europea, a que España emitiese un informe como parte del proceso de autorización ambiental de las minas.

En la primavera de 2022, la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se pronunció sobre la mina de Romano. Las autoridades españolas solicitaron la implementación de medidas para minimizar posibles riesgos y un plan de respuesta eficaz ante una eventual rotura de la balsa de almacenamiento de residuos, lo que podría afectar a ecosistemas transfronterizos.

Entre las medidas propuestas por España se incluyeron la vigilancia ambiental de varios ríos transfronterizos como el Bubal, el Río da Azoreira y el Río dos Muíños; la realización de un estudio radiológico debido a la posible presencia de minerales radiactivos como cesio y uranio; la mitigación de drenajes ácidos durante la explotación y tras el cierre de la mina, y garantizar el mantenimiento de prácticas agrícolas para proteger el paisaje de la región.