La CIG denuncia una "estructura presuntamente delictiva" en las comisiones de servicio del Concello da Coruña

Medio año después de que la CIG presentase ante Fiscalía una denuncia por un posible delito de prevaricación en las comisiones de servicio del Concello da Coruña, ahora es el Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad herculina el que abre diligencias que buscarán esclarecer estas actuaciones en la provisión de puestos mediante este sistema. 

En rueda de prensa, desde el sindicato evaluaron esta mañana la actualidad tras la incoación de las diligencias previas de investigación. Cristina Díaz, responsable del sector de la Administración Local en A Coruña, y Ana Filgueiras, secretaria de la sección sindical en el consistorio, fueron las encargadas de comparecer en un acto en el que también estuvo presente el secretario de la CIG-Administración de A Coruña, Fran Pérez.

CASO DE 2016

La sospecha de un "delito de prevaricación administrativa en el nombramiento de las comisión de servicios" se remonta mucho tiempo atrás, hasta 2016, año en el que la CIG dijo empezar a luchar contra "el uso abusivo, discrecional y arbitrario de las comisión de servicio" que, a su juicio, "ni estaban justificadas, ni cumplían la legalidad de información y en la mayoría de los casos excedían además el plazo máximo legal de dos años". Ya en 2018 se archivó una de las denuncias de la CIG, pues la Fiscalía entendido que las irregularidades denunciadas serían resueltas con la ejecución de la sentencia del Juzgado del Contencioso-Administrativo donde se dio la razón al sindicato. 

La misma ordenaba el cese inmediato de las 150 comisiones de servicio denunciadas por entonces. Hoy, según la CIG, rondan las 250. "La solución la esta situación era sencilla y justa, solo había que ejecutar la sentencia", lamenta el sindicato, que considera que el área que dirige Manuel Lage Tuñas -al que acusan de haber creado una "estructura presuntamente delictiva"- no ha hecho más que empeorar el escenario "haciendo un uso abusivo y desmedido de este sistema de provisión, fuera de todo límite de la discrecionalidad y de la arbitrariedad y que supera, con creces, lo conocido hasta este momento". 

A juicio del sindicato, la operación responde a la "mala fe", por lo que ante la inoperancia, y con los fallos anteriores de su lado, ahora recurren al Ministerio Fiscal, que debe estudiar la posibilidad de que exista un delito entre las cinco aportaciones de información que realizó el sindicato, pese a las "dificultades" que dijeron encontrar para acreditar con información las presuntas irregularidades denunciadas. 

MAL AMBIENTE LABORAL

El caso ha despertado interés y preocupación entre el funcionariado, que se ha comunicado con la CIG "para contar situaciones relacionadas que provisión de distintos puestos y vinculaciones con los mismos". Así, los relatos acusan al PSOE de "agudizar el problema" desde su llegada al Gobierno local y "negarse sistemáticamente a ejecutar la sentencia de 2018". 

"Esto tuvo como consecuencia la falta de carrera profesional y la generación de un mal ambiente laboral entre los compañeros y compañeras que fueron agraciadas con una comisión y quien no lo fue", apostillan desde la CIG.