Multa de 930.000 euros a las navieras de las Cíes por tres días de 'overbooking'

La sanción corresponde solo a 3 días de agosto.

La Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio ha propuesto sanciones por un importe total de 930.000 euros a cuatro navieras por la comisión de infracciones graves derivadas de los supuestos incumplimientos de cupo de visitantes en agosto en las Illas Cíes, al entender que existió riesgo potencial para preservar los valores naturales y para la seguridad de las personas.

Según ha informado el departamento autonómico, a finales del pasado mes se incoaron 10 expedientes después de que el Parque Nacional das Illas Atlánticas formuló denuncias al detectar excesos de visitantes en los sistemas de control de los días 3, 5 y 19 de agosto --el cupo es de 2.000 personas en transporte regular, 200 en visitas organizadas y 800 en el camping--.

A partir de la incoación de los expedientes, las empresas dispusieron de un plazo de 15 días para presentar alegaciones. La Xunta ha manifestado que pese a que las empresas manifestaron que falló el sistema de compra de billetes, se ha comprobado que el sistema central de reservas "no falló" y "funcionó con total normalidad, como demuestra el certificado de actividad emitido por la Amtega".

Por ello, se resolvió la propuesta de sanción de acuerdo con el potencial daño a los valores medioambientales, el porcentaje de pasajeros no autorizados y su volumen total, la reincidencia, y el beneficio ilícito de cada una de las navieras, conforme con la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Así, se acordaron sanciones de 600.000 euros para Mar de Ons; 250.000 euros para Illa de Ons; y 40.000 euros tanto a Tour Rías Baixas como a Cruceiro Rías Baixas. "En los casos más graves, Mar de Ons se tradujo en un exceso de más de un 300% sobre el número de pasajeros autorizados los días 5 y 19 de agosto; e Illa de Ons lo superó en un 288% el día 5 de agosto", ha explicado.

De forma paralela a estas sanciones y, "dada la gravedad de los hechos", la Xunta también requirió a la Fiscalía que investigue si hubo algún delito vinculado a esta situación, concretamente si hay infracción penal por falsificación de documentos y estafa a la ciudadanía; y este mismo lunes la Fiscalía de Vigo abrió diligencias de investigación sobre estas cuestiones.