Los cargos investigados por retrasos en tratamientos de hepatitis C declaran hoy ante el juez

Félix Rubial, exdirector de Asistencia Sanitaria, y Carolina González-Criado, subdirectora de farmacia declararán esta mañana ante el juez como investigados por los supuestos retrasos en tratamientos de hepatitis C en Galicia. 

Ambos están citados para las diez de la mañana en los juzgados de Santiago, investigados por un delito de prevaricación, aunque la Fiscalía también detectó en el caso indicios de homicidio imprudente por el momento el juez no ha aceptado esa consideración. 

Tendrán que responder por los retrasos que se produjeron en los nuevos medicamentos contra la enfemedad, que según la fiscalía fueron "de tipo presupuestario del Servicio Galego de Saúde y no de contenido médico o clínico". La denuncia de la Fiscalía habla de 6 enfermos que murieron entre Galicia entre 2014 y 2015, después de ver negados o retrasados sus tratamientos pese a las advertencias de los facultativos que los atendieron y a que cumplían los requisitos del protocolo.

Desde que trascendió el caso ambos cargos han sido respaldados por la Xunta, tanto por el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, como por el propio presidente de la Xunta. Ambos defendieron en sede parlamentaria la subcomisión en la que se integraban estos dos altos cargos, sosteniendo que los tratamientos siempre fueron autorizados en base a "criterios clínicos"

SEIS PACIENTES MUERTOS

La denuncia detalla que tres pacientes murieron sin llegar a tener acceso al tratamiento, a pesar de las numerosas solicitudes de sus médicos, que alertaron de la gravedad de los casos y que no existía otra alternativa farmacológica.

Otras tres personas llegaron a recibir la medicación, aunque en un momento en el que el deterioro de su salud era tal que ya no se podía hacer nada por ellos.

La Fiscalía se apoya en informes médicos y alerta de que en algunos casos se manipularon las fechas de solicitud de los tratamientos para que pareciera que el tiempo de espera había sido menor.

Además de las demoras denunciadas, el ministerio público señala el caso de un paciente de Lugo que accedió al tratamiento a tiempo porque su facultativa envió cartas a diferentes altos cargos de la Xunta, en las que alertaba del peligro de muerte del enfermo.