​Denuncias públicas y judiciales contra Educación por supuesta manipulación de 46 contratos postdoctorales

La Oficina de Atención a la Discapacidad del Estado, ante también se presentó una denuncia, ya ha pedido formalmente aclaraciones a la Xunta

Investigadores gallegos, "todos ellos doctores y la mayoría cum laude", que participaron en un proceso de concurso de la Xunta que ofertaba 46 plazas para investigación en universidades y centros de investigación de la comunidad, denuncian que desde la administración gallega realizaron dicha convocatoria "sin ninguna garantía, transparencia y violando tanto cláusulas de la propia convocatoria como la reserva de plazas para discapacitados". Presuntas irregularidades que rechazan desde la Xunta.

Denuncian una oferta para investigadores

Una oferta irreal y contratos fraudulentos para investigadores. Esta es la queja  que la Asociación Transparencia Universitaria ha hecho pública relatando el caso de uno de los afectados. En un escrito denuncian a Educación en 12 puntos que la convocatoria se realizó, entre otras irregularidades, "sin ninguna garantía, transparencia y violando cláusulas de la propia convocatoria", como que no se respetó la reserva de plazas de personas con discapacidades iguales o superiores al 33%.

Por este último punto los denunciantes advierten que desde el Ministerio de Bienestar Social ya han abierto un expediente. En concreto, la Oficina de Atención a la Discapacidad del Estado ya ha solicitado información formalmente a la Xunta.

Galiciapress se puso en contacto con Educación para dar su punto de vista sobre el conflicto. Varios días después, esta redacción aún no ha recibido respuesta.

1. Denuncia posibles irregularidades concesión 46 contratos posdoctorales Xunta Galicia. Incumplieron cuota para personas con discapacidad incurriendo en discriminación. Que pasamos a difundir (con el previo consentimiento del denunciante) en este hilo #TransparenciaAcadémica

— TRANSPARENCIAUNIV (@ATUspain) November 19, 2019

DENUNCIA EN LOS JUZGADOS

Lo hacen no solo publicamente, sino también judicialmente. En 12 de noviembre uno de ellos puso una denuncia penal en el juzgado número dos de Ourense. La denuncia de los afectados ya ha sido puesta en conocimiento del Ministerio de Sanidad. 

CONTRATOS, NO AYUDAS

Los denunciantes hacen hincapié en el lenguaje utilizado por la administración gallega, que se refiere a unos contratos postdoctorales como " ayudas", tal y como lo reflejó en el DOG del pasado 13 de junio. "La convocatoria", advierten los investigadores -todos ellos doctores y la mayoría cum laude-, "no puede encuadrarse dentro de la ley de Subvenciones". "La convocatoria pretende ofrecer empleos para centros de la Administración Pública haciéndolos pasar por una ayuda, como si de una beca se tratase, aunque lo que se concede son contratos de trabajo y sin ajustarse a las normas y legislación que rigen las ofertas de empleo público", informan.

MÉRITOS MANIPULADOS

Si bien los afectados dejan claro que la oferta de plazas no establece "criterios claros de evaluación" es en el apartado de los méritos donde los investigadores son más críticos, agregando que en la convocatoria no especifica "qué documentos se requieren para justificar cada mérito".

En la misma línea argumentan que los criterios no definían las editoriales que eran puntuables en el caso de los libros ni el criterio a seguir para valorar las monografías. Algo parecido ocurre en con las publicaciones en revistas, donde acusan a los evaluadores de "violar o innovar en los baremos de méritos de la convocatoria para favorecer a candidatos que no alcanzaban" y que estos pudiesen cumplir los requisitos necesarios para puntuar, por lo que acusan a los encargados de la evaluación y la resolución de manipular los criterios.  

"Los evaluadores y la comisión responsable de la resolución (de la que se desconoce la identidad de varios miembros de esa comisión), modificaron a posteriori los criterios para la evaluación de artículos publicados en revistas en el ámbito de artes y humanidades", descubren los afectados, amparándose en la evaluación de uno de los candidatos, al que admitieron como revistas de Tipo A algunas no incluidas en los criterios, mientras que otras revistas que deberían pertenecer a la categoría de Tipo B están encuadradas como Tipo C, justificando la categoría en criterios geográficos. Además, los investigadores añaden que para conseguir la máxima puntuación en revistas de Tipo A "se requieren cuatro méritos" mientras que las de Tipo B y C "solamente dos".  

MÉRITOS QUE NO FIGURAN COMO APORTADOS O DIRECTAMENTE NEGADOS

Pero además de la manipulación de estos méritos, los opositores también manifiestan que a algunos participantes se le negaron puntos por "no justificar fehacientemente" un mérito, a pesar de que no se les requirieron documentos que lo justificasen durante el periodo de enmienda. Tampoco aparecen reflejados en la resolución méritos añadidos en la solicitud de algunos participantes.

"La comisión responsable de la resolución manipuló/modificó las evaluaciones de los evaluadores externos especialistas en cada área, negando su discrecionalidad técnica", demandan, a la vez que reclaman explicaciones sobre por qué a los excluidos "se les negó el conocimiento de las evaluaciones hasta cerrada la vía administrativa" mientras que los concesionarios "tuvieron acceso a sus calificaciones desde septiembre". "Las evaluaciones entregadas a varios excluidos de la resolución carecen de firmas sellos o marcas de registro, por lo que su autenticidad y valor es más que cuestionable", advierten.

Opositores