A la jueza Pilar de Lara le llueven palos de sus superiores por su forma de tramitar las macrocausas

A Pilar de Lara le llueven palos de sus superiores en la magistratura por su forma de tramitar la macrocausa de la Operación Pokemon. La Audiencia Nacional rechaza -y lo hace en términos muy duros- el sumario que le remitió la jueza de Lugo sobre la investigación de la trama en docenas de ayuntamientos de Galicia y Asturias.

No es la primera vez que le pasa algo así a la jueza de Lugo. La Audiencia Provincial de Lugo anuló hace poco las investigaciones de la ramificaciones en Levante (Lorca, Murcia, Elda y otras localidades). Los magistrados le tuvieron que recordar a De Lara que en esos municipios "no es competente" para seguir avanzado en las investigaciones, por lo que anulan las pruebas solicitadas. Las deberían hacer juzgados locales o la Audiencia Nacional, argumentan desde la Audiencia Provincial.

De Lara no se amedrentó y , según El País, mantiene citados a varios políticos en esta causa, incluída una senadora, para declarar en este caso. Lo hace porque al parecer nadie le ha notificado que no es competente, se enteró del dictamen de sus compañeros a través de la prensa.  Un síntoma de la enorme tensión que ha desatado las actuaciones de la titular del juzagado número 1 de Lugo entre buena parte de la judicatura y de las cúpulas de poder político y empresarial.  

Tras el varapalo por Levante, ahora le cae otro por la investigación de las conscesiones del agua en Galicia y  Asturias. Según adelantó Confilegal, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, le echar en cara que, pese a carecer de competencias y haberse inhibido, siguiese ordenando diligencias durante 30 meses , disparando así el número de tomos de la causa.

"Pese al dictado del auto de fecha de 28 de julio de 2015 por el que se acuerda la inhibición, sin que tampoco se exprese ni argumente cuál es el motivo para persistir durante más de 6 años en esa actuación, y para remitir el testimonio de las actuaciones dos años y medio después del dictado de inhibición, con una adición de 35 tomos más, hasta un total de 40 en los cuales se han documentado las actuaciones”, dice el auto. 

Lamela considera que De Lara ha pasado 30 meses instruyendo un caso sin tener competencia y, de hecho, cuando ya lo había remitido a la Audiencia Nacional: “de ha mantenido la competencia durante un tiempo prolongado y se han adoptado importantes injerencias sin que existan motivos que justifiquen la resolución de inhibición, como ha ocurrido en el caso que nos ocupa”.

¿Cómo puede afectar este rechazo por parte de la Audiencia Nacional del sumario a la investigación de la Pokemon? Está por ver, pero es evidente que la instrucción queda cuestionada en sede judicial antes de concluír.

El auto de Lamela no es una cuestión menor, especialmente teniendo en cuenta la gravedad de los doce presuntos delitos que identifica De Lara: cohecho, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias, fraudes a las Administraciones Públicas, uso de información privilegiada, prevaricación, 3 de falsificación -en documento privado, público y mercantil-, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y asociación ilícita. De esos doce delitos la Audiencia Nacional recuerda que ella solo podría ser competente en uno.

Por ese y otros defectos de forma la Audiencia Nacional le devuelve el sumario a Lugo. En el caso de Levante, De Lara respondió al varapalo de Audiencia Provincial elevando la cuestión al Supremo para aclarar competencias, sin que todavía haya respueta. 

Toda una maraña judicial producto de una instrucción que suscita ampoyas en muchos ámbitos y de la que dependenten muchas carreras políticas y profesionales. Por ejemplo, solo de la parte que ahora rechaza la Audiencia Nacional hay pendientes investigaciones en 17 municipios gallegos y 7 asturianos, incluído Oviedo, donde está imputado el exalcalde Agustín Iglesias. 

Las primeras detenciones de las decenas realizadas durante la Operación Pokemon fueron en septiembre de 2012. Más de cinco años despues, no hay ninguna sentencia. De Lara solo ha conseguido cerrar la instucción de la parte que afecta a Francisco Fernández Liñares, ex-presidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil, para el que la fiscalía pide cinco años de prisión . El exconcejal de Lugo sigue defendiendo su inocencia.