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Rosendo Fernández, uno de los portavoces de la Plataforma ProCAPD Ourense que defiende la gestión pública del Centro de Atención a Personas con Discapacidad que la Xunta proyecta delegar sobre una "entidad sin ánimo de lucro", pero por la que firmará un contrato de tres años por 14 millones de euros, una cifra superior a la que ha costado la contrucción de este centro sometido a continuos retrasos en la única provincia de Galicia sin un organismo de este tipo. 

La polémica sobre la gestión del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) de Ourense ha desencadenado una ola de protestas y manifestaciones en la ciudad das Burgas. Partidos políticos, plataformas ciudadanas y familias afectadas exigen a la Xunta de Galicia que mantenga su promesa de una gestión pública directa del centro