La gestión privada del Centro de Atención a Personas con Discapacidad de Ourense enfada a políticos y usuarios

Este jueves decenas de ourensanos se congregaron, pese a la adversidad meteorológica, frente a la sede de la Xunta en la ciudad auriense para reclamar la gestión pública del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD). La plataforma ProCAPD abanderó la movilización y etuvo representada por su portavoz Eva Gutiérrez, insistió en la necesidad de una gestión directa por parte de la Xunta, recordando que es un compromiso adquirido desde 2016 por todos los grupos políticos.

Gutiérrez advirtió que no aceptarán la adjudicación a una empresa privada por casi 14 millones de euros en tres años, argumentando que Ourense no puede ser discriminada respecto a otras provincias gallegas que sí cuentan con centros de gestión pública.

"LA XUNTA DE PRIORIZA EL NEGOCIO"

Líderes políticos se sumaron a la protesta, como la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, o el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, desplazados a Ourense para apoyar las reivindicaciones. Besteiro denunció el "maltrato" a las personas con discapacidad de la provincia, obligadas a desplazarse más de 100 kilómetros para ser atendidas en un centro público.

Por su parte, Ana Pontón acusó al gobierno de Alfonso Rueda de "anteponer el negocio a los cuidados", calificándolo de "crueldad intolerable". La líder nacionalista anunció que el BNG llevará este asunto al Parlamento para defender una gestión pública del centro.

La militancia de Podemos Ourense también mostró su apoyo a la causa. Víctor Ferreiro, portavoz provincial, reclamó una gestión directa y pública del CAPD, criticando la decisión de la Conselleira de Política Social de ceder la gestión a una "asociación sin ánimo de lucro" como un intento de privatización encubierta. Mientras, Francisco Diéguez, portavoz del Círculo, enfatizó que la lucha por la gestión pública es una lucha por los derechos fundamentales, rechazando que el CAPD sea tratado como una oportunidad de negocio.

PERSPECTIVAS

El conflicto sobre la gestión del CAPD de Ourense pone de manifiesto la tensión entre modelos de gestión pública y privada en servicios sociales esenciales. Mientras la Xunta parece inclinarse por un modelo de gestión externalizada, la oposición política y las plataformas ciudadanas defienden una gestión directa por parte de la administración.

La resolución de esta controversia podría sentar un precedente para futuros proyectos similares en Galicia y marcar la pauta en el debate sobre la gestión de servicios públicos en la comunidad autónoma.