ProCAPD Ourense contra la Xunta y la privatización: "14 millones por tres años de gestión no es un voluntariado"

2025 comenzó con media Ourense echándose a la calle en defensa del Centro de Atención a Personas con Discapacidad (CAPD) para que sea público tanto en su titularidad como en su gestión. Miles de personas, entre ellas Ana Pontón y José Ramón Gómez Besteiro, cabezas visibles de BNG y PSdeG respectivamente, demandaron el pasado 9 de enero a la Xunta de Galicia que recapitule y asuma la gestión de esta infraestructura, que acumula años de retrasos y que será, de una vez por todas, el centro de referencia en la provincia, la única de toda Galicia que hasta la fecha no cuenta con un complejo de estas características.

CASI UNA DÉCADA DE ESPERA

Han sido muchos años esperando por este centro por el que ahora la Xunta pretende delegar su gestión con la adjudicación a una entidad que presentan como “sin ánimo de lucro”. Concretamente, desde 2016, fecha en la que nació la Plataforma ProCAPD Ourense, la entidad que convocó la movilización en la cidade das Burgas y que tuvo una magnífica acogida pese a celebrarse en los primeros días de 2025.

“Es invierno, de noche…pero la acogida nos agradó muchísimo. Más de mil personas en una concentración muy sentida y que marca un punto de inflexión de lo que puede ser de aquí adelante en el marco de la dependencia y las iniciativas de Política Social, porque se está cayendo a trozos”, crítica Rosendo Fernández, uno de los portavoces de la organización

A su juicio, y después de las protestas celebradas durante el otoño en la ciudad termal, la movilización marcó el paso de un colectivo que lleva ya casi una década demandando la apertura de este centro, sometido siempre a continuos retrasos (cambios en la ubicación, problemas con las empresas constructoras, sobrecostes…) y que supone un agravio comparativo para toda la provincia, viendo que los de Sarria, A Coruña o Chapela llevan, en algún caso, “más de 30 años funcionando”. 

Fueron padres y madres de personas con estas necesidades especiales los primeros en alzar la voz y demandar un lugar de estas características, siempre con el compromiso de que fuese enteramente público, algo que recibió hace nueve años un apoyo unánime de todos los grupos, incluidos En Marea -entonces segunda fuerza autonómica-, Democracia Ourensana y el propio Partido Popular, con Xosé Manuel Rey Varela, ahora alcalde de Ferrol, como poseedor de la cartera de Política Social, ahora en manos de Fabiola García.

Con el tiempo se añadieron a las familias otras organizaciones y sindicatos “que veían los destrozos en materia de Política Social”. “El PP estaba dentro y firmó que quería lo mismo que nosotros”, recuerda Fernández, que percibió el giro radical en San Caetano desde el cambio de conselleiro y, más señaladamente, a partir de la pandemia. 

“La tendencia es llevarlo a lo que llaman entidades sin ánimo de lucro, entidades privadas. Ese no es nuestro objetivo. Nosotros lo que queremos es un centro de referencia público, de gestión pública directa. Está demostrado que la gestión pública ofrece una alta cualificación en el servicio y una excelente cualificación en sus profesionales. Es un modelo garantista”, razona Fernández. 

SILENCIO EN LA CONSELLERÍA

Hasta ahora, desde ProCAPD han tratado en muchas ocasiones de mantener una reunión con la conselleira, aunque sus solicitudes, la última el pasado 9 de enero después de no tener respuesta de la registrada en el mes de octubre, han caído siempre en saco roto. “Es una piedra en nuestro zapato. Nunca se nos recibió. Solo tuvimos un encuentro en julio con el delegado de la Xunta en Ourense, donde nos intentaron disuadir de que la gestión fuese pública”, lamenta el portavoz tras muchas largas del Gobierno de Galicia. También la reunión con el director de Política Social en Ourense fue aplazada sin fecha y sin justificación del porqué de la suspensión. 

“Tenemos muy pocas expectativas de que nos quieran recibir, al menos la conselleira”, se queja Fernández, que ve en estos movimientos “un paripé” de las administraciones públicas. No obstante, sí celebra el apoyo mostrado públicamente tanto por Pontón como por Besteiro, así como por otras fuerzas sin representación en el Parlamento de Galicia, como Podemos, formación con la que han mantenido muchas reuniones con su portavoz, Víctor Ferreiro. 

“La oposición nos apoya porque cree en la gestión pública y ve como en Política Social todo se va en unos derroteros que se están yendo de madre hacia la privatización”, censuran desde la organización, que entiende este apoyo como una manera de “fortalecer nuestro mensaje”.  

Más titubeantes se han mostrado desde la Deputación de Ourense, que si bien parece que apoyan las demandas del colectivo no se han mostrado tajantes a la hora de respaldarlos de manera contundente ante la Xunta. “El 20 de diciembre hubo un pleno en el que se dejó ver una unanimidad. En la intervención del presidente Luis Menor, en principio, parecían que iban a nuestro favor, pero ya no lo sabemos…”, recela Fernández, que prefiere esperar al pleno en el que se tendrá que pronunciar el ente provincial con la moción que llevará el BNG para definir la postura del PP ourensano.

Ocurre lo mismo con Democracia Ourensana y con Gonzálo Pérez Jácome, un actor importante a la hora de presionar a la Xunta pero que, hasta ahora, y a entender de Fernández, ha sido tibio con las dos partes porque “no quieren posicionarse”. “No es que se mojen y apoyen a las familias y el modelo. Quieren quedar bien con unos y otros, eso es un problema”, razona, al ver “diferencias” de opinión dentro de los propios partidos. 

La pelota está en el tejado de los gobiernos locales, especialmente después de la propuesta que hizo llegar la entidad a todos los concellos de la provincia, con algunos plenos pronunciándose al respecto. En ese sentido, hay ya más de una docena de declaraciones locales positivas para ProCAPD, demandando la gestión pública del centro. Así, hay mociones en O Barco de Valdeorras, Carballiño, Castro Caldelas o Barbadás que apoyan al colectivo, pendiente de los pronunciamientos que se sucedan en las próximas semanas en otras localidades como Ribadavia o Allariz.

14 MILLONES POR 3 AÑOS

Para muchas familias la existencia de un centro de estas condiciones en Ourense marcará la diferencia para poder conciliar y para poder disponer de los cuidados y la asistencia que necesitan y merecen los usuarios, obligados en muchos casos a desplazarse a otras provincias por la falta de este servicio. “Los años pasan, las familias se cansan de tanto viaje, alguno de más de 100 kilómetros solo de ida… Otros incluso tienen a sus familiares en casa porque las experiencias en plazas de asociaciones privadas no fueron positivas”, declara Fernández, que aprovecha para abrir el melón de esas plazas en centros privados pero financiadas con dinero público. 

“¿Qué sentido tiene? Subvencionamos plazas en la privada, pero tenemos un centro que costó casi 11 millones de euros y la pretensión es ofertarlo por tres años de servicio a razón de 14 millones de euros a una entidad sin ánimo de lucro. Ese dinero supera lo que costó el propio edificio. Es un desfalco para las arcas públicas”, censura Fernández, que expone ejemplos de gestión similar en Ferrol donde los resultados no han sido nada positivos, pero sobre los que la Xunta sigue empeñada en delegar la gestión pese a que antes eran públicos. 

“Ceden las responsabilidades, se lavan las manos y cuando sucede algo nos echamos las manos a la cabeza con malos tratos, mala alimentación, falta de personal… Dicen que sin ánimo de lucro, pero 14 millones por tres años, un voluntariado no es”, ironiza Fernández, a la vez que apunta que “nadie trabaja gratis” y considerando “un insulto a la inteligencia” el “disfraz” de la Xunta tratando de pervertir la nomenclatura calificando a los gestores de “entidades sin ánimo de lucro”. 

“Son empresas. Si no sacasen nada a favor no cogerían estos centros”, sanciona. En ese sentido, tira de hemeroteca y pone como ejemplo la expansión de la Fundación San Rosendo en el ámbito de las residencias: “Empezaron con un centro de beneficencia y ahora es un holding que cualquier día sale en bolsa”. 

“UN FRENTE AMPLIO COMÚN”

El temor de ProCAPD es que lo que ocurre en Ourense se reproduzca en el resto de Galicia en los próximos años. Por eso, la proyección de la organización es poder vertebrar, junto con otros colectivos, “un frente amplio” en defensa de una mejor gestión pública desde Política Social. Entre sus planes a corto plazo está reunirse en A Cañiza el próximo 4 de febrero con la Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia e Discapacidade (ASGADeD), fundada la semana pasada en Santiago de Compostela, con la que comparten muchas líneas de su hoja de ruta y con la que esperan formar una alianza.

“Queremos ser un colectivo más amplio y si podemos contactar más adelante con otras asociaciones. La Política Social se está volviendo absolutamente lowcost, con una infrafinanciación crónica, donde tenemos que unir fuerzas, porque no vamos a parar, vamos a luchar si finalmente la Consellería cumple con la previsión de conceder la gestión a manos privadas”, sugiere Fernández.

“No estamos en contra de que la gente pueda escoger la opción que mejor consideren, siempre que el centro de referencia sea de gestión pública, porque las demás opciones deben ser complementarias”, argumenta el portavoz. “¿Tienen quejas del centro del centro de Chapela? Ni una. Es más, alaban las terapias que hacen allí. ¿Por qué en otras provincias sí pero en Ourense no? Estamos orgullosos de las otras tres y queremos algo así”, piden desde ProCAPD.

Si todo marcha según lo previsto, el centro abrirá sus puertas en el mes de abril. Hasta entonces se sucederán las reuniones, los pronunciamientos desde gobiernos locales y otros eventos que marcarán la actualidad en torno a CAPD. De todos estos resultados podría salir una nueva movilización en primavera para reclamar, de una vez por todas, el compromiso de la Xunta para que la gestión sea pública y que Ourense no sea el patito feo de la dependencia con respecto a A Coruña, Lugo y Pontevedra.