JUSTICIA

El investigado buscaba hacer daño a los perros de la ciudad colocando estos trozos de carne con alfileres, práctica que prolongó durante 4 años y que afectó a varios canes. 

El Juzgado de Instrucción número 3 de O Porriño (Pontevedra) ha condenado al Ayuntamiento a abonar a la Comunidad de Montes de Atios todas las cantidades percibidas por los contratos de arrendamiento de las parcelas de las canteras ubicadas en monte comunal desde febrero de 2018 hasta noviembre de 2022.

La querella, interpuesta por el Ministerio Fiscal, está motivada por la adquisición de la cadena de tiendas especialistas en alimentos congelados Hiperxel.

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a un año y medio de prisión y multa a un empleado de Correos que dejó sin repartir ni entregar 3.700 envíos entre febrero y julio de 2019.

El negocio de la pizarra en la comarca ourensana se ve amenazado después de que los puestos de trabajo en Samaca e Irosa puedan desaparecer por una orden de desahaucio. Los gobiernos locales, unidos en la defensa de los empleos.

La CIG-Servizos ha convocado para este lunes una concentración en rechazo al nuevo concurso de adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad en los edificios judiciales de Galicia.

El Consejo General del Poder Judicial, con su mandato vencido desde hace un lustro y totalmente bloqueado por la negativa delas principales fuerzas políticas a la hora de llegar a un acuerdo para renovar el organismo, será de nuevo el centro de todas las miradas en este año judicial, que vive pendiente de la investidura de un nuevo Gobierno de España.

La Justicia estima quela empresa vulneró un derecho constitucional como el derecho a la huelga al despedir a la trabajadora.

Las defensas tendrán el último turno de palabra en el proceso que concluye hoy tras meses de comparecencias. El único cargo público imputado ya ha logrado que la fiscalía le retire la acusación ante la indignación de las familias de la tragedia ferroviaria.

En ocasiones nos toca buscar un despacho de abogados y contratar un servicio de asesoría es necesario, para ello hay que elegir bien.

La Cámara autonómica aprobó una iniciativa para pedir al Gobierno la reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita. El martes, en la víspera a la huelga, la Xunta se declaró incapaz de fijar los servicios mínimos. 

Todo a punto para que se celebre la primera huelga de los abogados del turno de oficio, convocados por el sindicato VENIA, para este miércoles 12 de julio. La sorpresa es la "dejadez de funciones" de la administración gallega. 

La sentencia señala que la afectada no podía hacer frente a los pagos de la deuda por su situación su insolvencia, consecuencia de esa deuda. 

La defensa de una remuneración digna o derechos como el derecho a la baja o a la desconexión digital son algunas de los puntos que defienden desde el sector y por el que acuden a la huelga tras meses de movilizaciones. 

El programa ha sido desarrollado en 18 partidos judiciales de las cuatro provincias gallegas

Las protestas contra los supuestos tocamientos recibieron en su día el apoyo de figuras de la oposición como Ana Pontón (BNG) o Antón Gómez Reino (Podemos). La Justicia no vio delito y ahora cuatro de las acusadoras se sientan en el banquillo por denuncia falsa. Hoy una se ha negado a declarar y hay otras dos que están intentando aplazar su comparecencia.

Abogados del turno de oficio se han concentrado este viernes ante los juzgados de Santiago, A Coruña, Lugo, Pontevedra, Vigo y Ourense para reclamar mejoras en sus pensiones y unos salarios "dignos".

Los trabajos sobre las torres comenzarán, previsiblemente, la próxima semana, y desde el Concello celebran que se recupere por fin ese terreno. 

La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera (FTSP-USO) ha puesto de manifiesto la reducción de plantilla en la institución olívica.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, evita un nuevo para en la Justicia española al alcanzar un pacto con la mayoría de asociaciones que impulsaban la huelga de jueces y fiscales. Sin embargo, el acuerdo ratificado no incluye a todas las plataformas, ya que la mayoritaria, la Asociación Profesional de la Magistratura, se desmarcó del pacto y cargó contra las que sí lo sellaron.