Valdeorras se echa a la calle en defensa de los casi 250 empleos en dos pizarreras desahuciadas

A primera hora de la mañana, cuando la cantera debería funcionar a pleno rendimiento, aparecieron los agentes de la Guardia Civil y echaron el candado a las pizarreras. Los cerca de 250 empleados debían abandonar las instalaciones de las plantas de Samaca e Irosa en O Barco, ejecutando así una orden de desahucio que cristalizó en al menos una de la compañías. 

Paco Moral, portavoz de la CIG, informó que pudieron echar el freno en Irosa, pero no en Samaca, aunque la empresa que gestiona las dos pizarreras es la misma, una encargada de la producción y otra de la comercialización de la pizarra. 

"Después de la orden de desahucio se produjo una expropiación con el apoyo de la Xunta de Galicia", denuncia el sindicalista, en una jornada en la que se vivieron momentos de tensión que se trasladó hasta la sede del gobierno local de O Barco, exigiendo una solución a este conflicto que deriva de una lucha entre la firma y los comuneros, ya que las instalaciones se encuentran en terrenos comunales, sobre los que pesa un mandato judicial favorable para los comuneros de los montes vecinales de Portela y Trigal.

¿DE QUIÉN ES EL TERRENO?

El presidente de la compañía, Rogelio López, defiende la presencia de su empresa en la zona, pero también considera misión imposible un acercamiento con los comuneros, a los que en su día ofreció más de 100.000 euros para zanjar el pleito.  

La situación es delicada y tiene a toda la comarca pendiente de cuáles serán los siguientes pasos a dar tanto por la compañía como por los comuneros, si acaban dando su brazo a torcer y se sientan a negociar un nuevo acuerdo para el arrendamiento de los terrenos que López, insiste, están expropiados y a nombre de la compañía. 

APOYO DE LOS CONCELLOS

En cualquier caso, los regidores de la comarca, que comprende A Rúa, A Veiga, Carballeda de Valdeorras, Larouco, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Petín, Rubiá e Vilamartín de Valdeorras, han emitido un comunicado conjunto y unánime en el que apoyan al sector y a los trabajadores afectados. Si bien en el escrito dicen respetar la independencia judicial, consideran que la decisión tiene "gravísimas consecuencias" para "el futuro de la comarca" al poner en peligro "cientos de puestos de trabajo directos y miles indirectos". "Está en juego el sustento de muchas familias de la zona", recuerdan.
 

Sobre la posibilidad de emprender acciones como protestas, de momento los gobiernos locales dicen estudiar las opciones existentes. "Tras una decisión aparentemente normalizada que ponía fin a la posible expropiación de los terrenos, ningún error burocrático, humano o técnico puede ser excusa para poner en peligro el futuro de la comarca", concluyen.