Rueda, sobre la gestión de fondos de la UE, en nombre de las comunidades: "Queremos un papel protagonista"

Defiende en Bruselas, en gallego, la postura común de las 17 autonomías, que demandan participación directa en la gestión de recursos europeos

BRUSELAS / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)
La postura común de las 17 comunidades españolas, que se ha encargado de verbalizar el presidente gallego, Alfonso Rueda, en su intervención de este jueves en el 164º pleno del Comité de las Regiones (CdR), apuesta por la gobernanza descentralizada y reforzar su papel (y el de las entidades locales) en la gestión de los fondos europeos y de los programas regionales con un mensaje.

"Queremos asumir un papel protagonista en la nueva era que se abre ante nosotros", ha resumido Rueda, quien ha resultado elegido este jueves como uno de los vicepresidentes del CdR. Ejercerá este cargo en representación de la Delegación Española durante el próximo año y medio y ha intervenido para exponer la postura pactada por las comunidades españolas con el foco en la gestión de los fondos europeos.

En la línea de anteriores intervenciones, Rueda ha defendido la importancia de la política de cohesión en Europa a lo largo de las últimas décadas y ha pedido que, lejos de dejarla de lado, en un contexto en el que se dan "mayores incertezas internas y externas", se apueste por lo que ha contribuido a hacer "grande" a la UE. "Si lo hacemos bien, será una de nuestras fortalezas", ha proclamado.

En este punto, ha asumido como prioridades la apuesta por la simplificación y la flexibilidad en la gestión de los fondos europeos, pero ha prevenido de que no puede suponer una recentralización de la gestión, convencido de que no se traduce "nunca" en más agilidad ni eficiencia.

Al contrario, ha proclamado que el futuro de los fondos pasa "por incrementar el porcentaje de participación de las comunidades y de las entidades locales" y no por "reducir" su papel a "meros ejecutores" de decisiones que se adoptan en niveles superiores. Como aval para justificar esta petición, se ha referido a la "capacidad" y a los resultados evidenciados desde el nivel más local en los Estados.

RECHAZO A LA CENTRALIZACIÓN
El documento común articulado ante el actual debate sobre el futuro presupuesto comunitario, influido por "la creciente complejidad del contexto geopolítico europeo e internacional", y con el foco en la política regional, valora el papel "importante" que la política de cohesión ha tenido en el largo periodo de "crisis" sobrevenidas: desde la financiera de 2008, a la pandemia y la guerra de Ucrania.

Las comunidades españolas reconocen "margen de mejora" de la actual política de cohesión en lo que respecta a su "simplificación" y "flexibilidad", pero también recalcan que "simplificación no puede ser sinónimo de centralización", dado que esta es "contraria al principio de subsidiariedad recogido en el Tratado de la Unión Europea que tiene el objetivo de que la toma de decisiones se realice lo más cerca posible de los ciudadanos".

Al contrario, piden que se tenga en consideración "la experiencia acumulada en política regional" para el diseño de la gestión de los futuros fondos, incorporando los elementos que se consideren positivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y "no a la inversa".

Por ello, reclaman que se mantengan unos criterios de asignación regional definidos a nivel comunitario y que estos sean negociados abiertamente con Estados y regiones, "garantizando la participación directa" de las mismas en las decisiones y en la implementación junto a sus Estados miembros.

AUTORIDADES DE GESTIÓN
Las comunidades también quieren que se mantengan programas regionales, diseñados y ejecutados por ellas, y recuerdan que gestionan, a día de hoy, en torno al 50% de los fondos de la política regional asignados a España.

Un punto en el que demandan información detallada sobre la ejecución territorial del resto de fondos para "asegurar la complementariedad" de las diferentes inversiones sobre el territorio.

"Habiendo demostrado plena responsabilidad en su ejecución", las comunidades solicitan "un mayor nivel de descentralización" de los recursos acorde "con el nivel de competencias" asumido por ellas.

En este punto, llaman la atención sobre el hecho de que España es "uno de los pocos países europeos en los que, habiendo programas regionales, las comunidades son meros organismos intermedios en la gestión de estos y no autoridades de gestión", con lo que ello implica en las relaciones con la Comisión Europea (CE). Por ello, apelan a abrir un debate sobre este asunto.

IMPLICACIÓN DIRECTA
Las comunidades españolas están de acuerdo con el enfoque a resultados, como ya se ha empezado a aplicar en el actual periodo 2021-2027, aunque alertan de que es "indispensable" una "buena planificación" para que sea eficaz.

Y en el marco del Semestre Europeo, se definen como "comprometidas" con las reformas recomendadas por la UE que afectan a sus competencias, si bien demandan estar "plenamente implicadas en este proceso", sobre todo en materias de su competencia como empleo, educación o innovación.

Al respecto, se oponen a que la asignación regional de los recursos de la política de cohesión esté ligada a reformas "de competencia exclusivamente estatal".

"PROFUNDA REFLEXIÓN SOBRE LAS CONFERENCIAS SECTORIALES"
Las comunidades recuerdan que la UE ha recomendado varias veces "mejorar la coordinación" entre los diferentes niveles de gobierno y administración en España e invitan a una "profunda reflexión" sobre el funcionamiento de las conferencias sectoriales, así como a inspirarse de otros modelos de coordinación existentes en Europa, "siempre" dentro del marco de los límites de la Constitución.

Así, insisten en que las regiones con competencias legislativas participen en las decisiones y en la implementación del nuevo marco de gobernanza económica de la UE, dando un impulso continuado a la inversión pública en las transiciones verde y digital.

También piden el "mantenimiento y refuerzo" de la cooperación territorial, especialmente de la transfronteriza y el capítulo específico para las regiones ultraperiféricas.

POLÍTICA DE COHESIÓN
En términos más generales, el documento acordado refleja que las comunidades españolas asumen como "propios" los grandes retos de la UE "en materia de seguridad, defensa y competitividad", al tiempo que reconocen las dificultades para abordarlos desde un presupuesto comunitario que "tan solo representa en torno al 1% del PIB de la Unión".

Apelan, además, a "desbloquear" las negociaciones en el Consejo sobre los nuevos sistemas de recursos propios propuestos en 2021, de forma que el presupuesto europeo pueda aumentar y hacer frente a dichos retos, así como a la devolución de la deuda de NextGenerationEU.

ENTREGARÁ EL DOCUMENTO A FITTO
Las comunidades recuerdan que la cohesión económica, social y territorial está recogida en los tratados. En concreto, la UE, recalcan, tiene por objetivo "reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las menos favorecidas".

Desde su entrada en la UE, apuntan a que la política de cohesión ha contribuido al desarrollo de las comunidades, "pero aún persisten desafíos y disparidades internas" reflejadas en indicadores como el PIB per cápita, el empleo o la competitividad. Asimismo, expresan su preocupación por el "estancamiento del crecimiento" que han sufrido determinadas autonomías.

Y han destacado que la política de cohesión, como política estructural y a largo plazo, complementa el mercado único y desempeña un papel "clave" en el fomento de la competitividad y el crecimiento sostenible.

Tras el debate, Rueda, que ha intervenido en gallego, entregará al vicepresidente de la Comisión Europea encargado de esta cuestión, Raffaelle Fitto, el documento de posición común de las comunidades autónomas del que se ha hecho eco y que ha estado coordinado por Galicia.