El nuevo plan de la Xunta facilitó en 40 días homologar el grado de discapacidad a más de 6.000 personas

Fabiola García ratifica que el Gobierno gallego ofrecerá en breve una prestación automática a dependientes que estén a la espera de

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (EUROPA PRESS)
La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha ratificado este miércoles que el nuevo plan de agilización y simplificación de la dependencia y discapacidad activado por el Ejecutivo gallego permitió "en solo 40 días" homologar el grado de discapacidad a más de 6.000 personas.

Así lo ha preguntado en el marco de un debate acumulado en el pleno de este miércoles en el que fue interpelada por la diputada socialista Silvia Longueira y por la popular Raquel Arias.

Entre críticas de Longueira, que ha acusado a la Xunta de "paralizar" y promover la "privatización" y "destrucción progresiva" del sistema de dependencia, la conselleira ha defendido que el nuevo plan entró en vigor en el mes de enero y ya se han empezado a ver los primeros avances.

Y en una jornada con la dependencia en el foco, también ha confirmado que el próximo objetivo es el pago efectivo de una ayuda económica automática a las personas que tengan acreditada la situación de dependencia cuando no puedan disfrutar del servicio de atención público de su preferencia de manera inmediata.

Esta medida fue mencionada en la sesión de control por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y, posteriormente, fuentes de la Administración autonómica concretaron que la previsión es que, en breve, "en las próximas semanas", esté en marcha.

Fabiola García también hizo hincapié en que las nuevas medidas aprobadas contemplan "una vía preferente para las personas mayores de 80 años y enfermos de ELA", así como un refuerzo de los equipos de valoración y la creación, durante el mes de enero, de cuatro jefaturas de Servizo de Discapacidade, una por cada provincia.

De este modo, ha recalcado que "actualmente hay más de 100 personas dedicadas en Galicia a hacer valoraciones" y ha añadido que se trata "de una cifra que se aumentará según las necesidades". Igualmente, se ha reafirmado en que no dejará de exigir al Ejecutivo estatal que abone la "deuda" con la comunidad en materia de dependencia, que la Xunta eleva a 2.500 millones de euros.

Y, al tiempo que ha afeado que el Gobierno siga "modificando la normativa sin consensuarlo" con comunidades ni administraciones locales, sin aportar la financiación necesaria para garantizar los servicios, ha esgrimido que la Xunta no se va a "detener" con las cifras logradas porque el objetivo es que "el cien por cien" de las personas en situación de dependencia sean atendidas.

"DESMANTELAMIENTO Y PRIVATIZACIÓN"
Por su parte, Longueira ha iniciado su intervención refiriéndose a las trabajadoras sociales que seguían el debate desde la tribuna y ha reprobado una gestión de la dependencia que, a su juicio, está encaminada al "desmantelamiento" del sistema público de atención y a su "privatización".

La situación ha tomado una perspectiva tan "caótica" que, según ha subrayado la socialista, dos meses atrás "tres jefes de servicio del área de dependencia dimitían de su cargo" dada "la nueva ocurrencia de la consellería de eliminar el papel de los trabajadores sociales en los inicios de la valoración".

"Cualquiera que desde el 1 de diciembre haya solicitado la dependencia lo puede hacer sin el informe de un trabajador social", ha afirmado, antes de sugerir que esta decisión puede favorecer la "privatización" y ha leído un folleto en el que una compañía privada se ofrecía a gestionar la tramitación "por el módico precio de 110 euros si se es socio 'de plata' o 135 si no es así".

"Este es el nicho de mercado que acaban de abrir ustedes para que aseguradoras, gestorías y demás empresas puedan gestionar la dependencia, que antes era un servicio totalmente gratuito. Mi pregunta es, ¿son conscientes de lo que acaban de hacer?", ha preguntado.

La conselleira ha afeado al PSdeG "un total desconocimiento" sobre el plan autonómico o su "intento de engañar a toda la población". "En ningún momento se anula la figura del trabajador social, ni de ningún otro profesional que participa en el proceso de valoración, sino todo lo contrario. Lo que queremos es reforzar el papel de los trabajadores sociales para que dediquen menos tiempo a burocracia y tareas administrativas y más a la atención directa a las personas", ha defendido.

"No se elimina ningún informe social, sino que, en algún caso, deja de ser preceptivo con alguna solicitud, pudiendo emitirse en los casos en los que se considera necesario", ha esgrimido.

"La única pancarta que vamos a apoyar es que el Gobierno central cumpla con las personas mayores de Galicia", ha finalizado la conselleira, en un debate en el que la parlamentaria popular Raquel Arias ha reivindicado la gestión del Ejecutivo autonómico y los pasos dados.

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EN PONTEVEDRA
Por su parte, la socialista Paloma Castro ha reclamado a la conselleira que garantice plazas residenciales de día para adultos con trastorno del espectro autista --TEA-- en la provincia de Pontevedra, tras esgrimir que los recursos existentes para apoyar al colectivo afectado y a sus familias son "absolutamente insuficientes".

García ha defendido la inversión en plazas para la atención a personas que sufren trastorno del espectro autista y ha garantizado que las plazas se seguirán incrementando en Pontevedra y en el resto de Galicia.

"Vamos a seguir avanzando y creando más plazas públicas a través de las distintas entidades, pero como usted bien sabe, para poder crear nuevas plazas públicas hacen falta centros. Y para tener centros hace falta un tiempo", ha argumentado la titular de Política Social, quien ha reafirmado su intención de continuar trabajando "de la mano" de las familias y entidades para mejorar la atención del colectivo.