La última lección de Laura Fernández antes de su eutanasia en Vigo: "tendré una buena muerte" (vídeo)

La activista de Derecho a Morir Dignamente (DMD) Laura Fernández Abalde ha recibido este martes en Vigo la eutanasia por padecer un cáncer terminal: "Yo tuve una buena vida y tendré una buena muerte".

En un comunicado, la organización ha compartido el caso de esta mujer de 67 años de edad, que se despidió de la vida en la habitación 705 del servicio de paliativos del Hospital Meixoeiro, rodeada de su familia y del equipo médico.

Tal como manifestó la propia Fernández hace unos días, ella "nunca esperó un final de vida tan bonito", asegurando que "ni una película de Hollywood" tiene un "broche" así.

En España, el derecho a la eutanasia está regulado por la Ley Orgánica 3/2021, que entró en vigor el 25 de junio de 2021. Esta ley permite que personas mayores de edad con nacionalidad española o residencia legal, que padezcan una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante que cause sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, puedan solicitar y recibir ayuda para morir. 

El proceso implica una solicitud por escrito, un periodo de reflexión, la evaluación por parte de médicos y una comisión de garantía, y puede realizarse mediante la administración directa de una sustancia por un profesional sanitario o la prescripción de un fármaco para la autoadministración del paciente. La ley incluye la prestación en el Sistema Nacional de Salud, garantiza su gratuidad y reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios.

Laura logró tramitar su eutanasia en menos de un mes

Laura padecía un cáncer terminal y ha fallecido como consecuencia de la eutanasia solicitada el pasado 29 de octubre.

"Y lo ha hecho tras vencer las trabas burocráticas de un Servicio Galego de Saúde (Sergas) empeñado en hacer una lectura 'reglamentista' de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE). Finalmente, la insistencia de Laura y su repercusión mediática ha conseguido lo que parecía imposible: autorizar una eutanasia en la mitad del plazo previsto", ha reivindicado DMD. Precisamente Laura Fernández llevaba años de activista y formando parte de la dirección de esta organización.

"En los próximos años, en nuestro país habrá que luchar para mantener lo conseguido con la Ley de Eutanasia, reclamar su cumplimiento efectivo, y por eso la gente tiene que reflexionar bien a la hora de votar, y no apoyar a fuerzas o partidos que tratan de restringir derechos como la muerte digna o el aborto", indicó la fallecida días antes, poniendo en valor también el trabajo de las unidades de paliativos.
 

“Será como una anestesia total, una muerte feliz”

Ella subrayó en las últimas semanas que afrontaba el final "sin miedo", solo con el temor a las agujas necesarias para poner las vías. "Será como una anestesia total, una muerte feliz", indicó.

Cuando algunos le comentaban que su caso se semejaba al de Ramón Sampedro, Fernández apostilló que ambos "coincidían en la lucha", pero que la suya comenzó en "gran medida" por el ejemplo de Sanpedro. "Pero Ramón tuvo una mala vida y una mala muerte. Yo tuve una buena vida y una buena muerte", sentenció. 
 

La eutanasia en España: Un derecho reconocido por ley
 

La regulación de la eutanasia en España marcó un hito histórico con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021 el 25 de junio de 2021. Esta legislación posicionó a España como uno de los pocos países del mundo en reconocer y regular el derecho a una muerte digna, situándola a la vanguardia en derechos civiles y autonomía personal.

La ley establece criterios claros para acceder a este derecho. Los solicitantes deben ser mayores de edad, tener nacionalidad española o residencia legal, y padecer una enfermedad grave e incurable o un padecimiento crónico e imposibilitante que cause sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. Este marco legal busca equilibrar el respeto a la vida con el derecho a decidir sobre el final de la propia existencia en situaciones de extremo sufrimiento.

El proceso para solicitar la eutanasia es riguroso y contempla varias salvaguardas. Comienza con una solicitud por escrito del paciente, seguida de un periodo de reflexión para asegurar que la decisión es firme y no resultado de un impulso momentáneo. La solicitud es evaluada por el médico responsable y un consultor independiente, quienes verifican que se cumplen todos los requisitos legales.

Posteriormente, una comisión de garantía y evaluación, compuesta por profesionales médicos y juristas, revisa el caso para asegurar el cumplimiento de la ley. Esta comisión actúa como un filtro adicional para prevenir abusos y garantizar que solo los casos que cumplen estrictamente con los criterios establecidos puedan acceder a la eutanasia.

La ley contempla dos modalidades para llevar a cabo el procedimiento: la administración directa de una sustancia por un profesional sanitario o la prescripción de un fármaco para la autoadministración del paciente. En ambos casos, se garantiza el acompañamiento y la asistencia médica necesaria.

Un aspecto crucial de la ley es su inclusión en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, asegurando así su gratuidad y accesibilidad para todos los ciudadanos que cumplan los requisitos, independientemente de su situación económica. Esto refleja el compromiso del Estado con la equidad en el acceso a este derecho.
La legislación también reconoce el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, permitiéndoles abstenerse de participar en el proceso si así lo desean. Sin embargo, el sistema debe garantizar que esta objeción no impida el acceso efectivo de los pacientes a la prestación.

La implementación de esta ley ha generado debates éticos y sociales profundos en la sociedad española. Mientras sus defensores la ven como un avance en derechos humanos y autonomía personal, sus detractores expresan preocupaciones sobre posibles abusos o la necesidad de fortalecer los cuidados paliativos.