Las Defensorías del Pueblo piden medidas frente a los "riesgos" asociados al uso de la IA en la Administración

Advierten de que la inacción administrativa "supone un incumplimiento de las obligaciones legales" y puede generar "grave indefensión"

El Defensor del Pueblo, junto con las defensorías de Euskadi, Navarra, Cataluña, Galicia, Andalucía, Canarias, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, han aprobado una declaración en la que advierten sobre la necesidad de "identificar y corregir los riesgos" asociados al uso de la inteligencia artificial (IA) en los procedimientos de la Administración.

La declaración ha sido aprobada en las 'XXXVII Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo' que se han celebrado entre este pasado martes y este miércoles en Vitoria-Gasteiz, que se han centrado en 'El derecho a la buena administración'.

El decálogo aprobado este miércoles se inicia con un apartado en el que se constata que la buena administración "exige situar a la ciudadanía en el centro de las actuaciones de las administraciones públicas, garantizando un trato justo y equitativo en todas sus interacciones".

En este sentido, los defensores del pueblo afirman que "las y los servidores públicos, en el ejercicio de potestades y funciones públicas, deben actuar con empatía y sensibilidad social, de manera proactiva, poniéndose en el lugar de las personas intervinientes en cada caso, facilitando el ejercicio de sus derechos".

Por otra parte, manifiestan que "la buena administración exige también que todas las actuaciones administrativas se realicen con la diligencia debida, evitando disfunciones, y utilizando los recursos de manera óptima para lograr los resultados deseados".

En el tercer punto de la resolución se subraya la importancia de garantizar la "transparencia" en las actuaciones administrativas y la participación activa de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones. Los defensores del pueblo precisan que "en particular, las y los jóvenes necesitan que se escuche su voz, facilitando su participación en las decisiones que les afectan".

Además, advierten de que "debe respetarse el derecho de las personas mayores a seguir tomando parte en las decisiones sobre sus proyectos vitales". El decálogo subraya también que la ciudadanía tiene derecho a relacionarse con la Administración "de una manera comprensible", lo que "exige un lenguaje claro, cercano y accesible de los textos normativos, documentos y resoluciones".

Por otra parte, los firmantes del documento manifiestan que "la buena administración es incompatible con la falta de respuesta, la motivación insuficiente y la inacción administrativa, que no sólo son ejemplos de mala administración, sino que suponen un incumplimiento de las obligaciones legales, pudiendo generar situaciones de grave indefensión".

ACTITUD "PROACTIVA"
En la misma línea, avisan de que "la falta de colaboración de las administraciones públicas con las defensorías del pueblo no solo es contraria a la ley, sino que perpetúa irregularidades que perjudican gravemente al ejercicio de los derechos ciudadanos".

De esa forma, el decálogo indica que la buena administración "exige una actitud proactiva para garantizar la plena efectividad de los derechos reconocidos constitucional y legalmente".

A su vez, se insta a "actuar con equidad y sin discriminación, respetando los derechos y las libertades fundamentales"; y en particular, se apela a "prestar una especial atención a las personas en situaciones de vulnerabilidad". "Es preciso garantizar derechos tan básicos como el de ser atendido de manera presencial y con inmediatez, sin que esté justificada la imposición de cita previa obligatoria o la extensión desmedida de la obligación de relacionarse telemáticamente con la administración", añade el texto.

Otro apartado del documento manifiesta que "la buena administración es esencial para fomentar la confianza en las instituciones públicas y el correcto funcionamiento del Estado de Derecho". Por ese motivo, se pone de manifiesto que la Administración "debe asumir la responsabilidad en la que pueda incurrir y reconocer sus propios errores, pedir disculpas, en su caso, y reparar el daño causado".

TUTELA EFECTIVA
"El derecho a una buena administración guarda una especial relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, a cuya redefinición debe contribuir, pues nadie debería ser obligado a litigar para obtener aquello a lo que tiene derecho", afirman los defensores del pueblo.

Asimismo, se llama la atención sobre la necesidad de garantizar "recursos humanos adecuados" y de la provisión de vacantes para la prestación de los servicios públicos, así como la formación continua y la sensibilización del personal "sobre los principios y valores de la buena administración". Todo esto --añade el texto-- "exige adoptar medidas para garantizar el relevo generacional y una planificación que permita anticiparse a las necesidades actuales y emergentes".

Los firmantes de la declaración consideran necesario incorporar la innovación tecnológica, con el fin de mejorar la eficiencia y la accesibilidad de los servicios públicos. En este sentido, indican que la digitalización de la Administración, "que debe ser responsable en clave social", necesita asegurar la asistencia en el uso de herramientas electrónicas a las personas usuarias, así como la seguridad y la privacidad de los datos.

Los defensores del pueblo advierten de que la implantación de procedimientos electrónicos "no debe menoscabar las garantías que asisten a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, en especial la protección que merece el derecho a la corrección del error digital".

En el décimo y último apartado del documento se señala que "la buena administración necesita aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial para mejorar la calidad de los servicios públicos".

El texto explica que "a pesar del significativo potencial" de la inteligencia artificial, "es crucial identificar y corregir los riesgos asociados a su uso para proteger los derechos y las libertades de la ciudadanía". Esto --añade el texto-- "incluye garantizar la intervención humana en las decisiones, la transparencia, y evitar sesgos y discriminaciones".