La Confederación de Anpas Galegas denuncia que la Xunta trata de "impedir" su acceso a información de centros escolares

La Confederación de Anpas Galegas denuncia que la Xunta de Galicia trata de "impedir o, como mínimo, dilatar" su acceso a información de los centros amparándose en la nueva normativa de transparencia.

Tal y como relatan en un comunicado, la semana pasada se difundió en los centros educativos lucenses, "e indirectamente en los del resto del país", una "instrucción" sobre cómo las direcciones de los centros debían proceder ante la solicitud de información que realicen las AMPAS.

Para la Confederación, se trata de "impedir, dificultar o, como mínimo, dilatar el acceso de la sociedad general" al número de alumnos que tiene un centro, al catálogo de personal del mismo, al número de alumnos con necesidades educativas especiales o "a cualquier otro dato no privado que defina la normalidad de un centro educativo".

La Confederación asegura que tratan de "ampararse" en la normativa de transparencia para "lograr el efecto contrario a lo que esa normativa pretende".

Lo consideran "grave", pero más aún, argumentan, es "pretender impedir, concretamente a la ANPA, un miembro nato del Consejo Escolar, el principal órgano de gobierno democrático de un centro escolar, el acceso a información que le permite desarrollar sus funciones de participación marcadas en la normativa educativa".

"Es obvio de donde viene la intención de la instrucción" difundida. Estamos asistiendo a una ola de movilizaciones por los recortes de personal impuestos por la Xunta de Galicia, y a la consellería no le es suficiente ya con falsear información constantemente, sino que intenta evitar que la información real llegue al conocimiento de quien podemos, y queremos, utilizarla en la crítica responsable de un sistema que cada curso entorpece más la inclusión, la igualdad y las oportunidades vitales de nuestras hijos", denuncian.

Informan además de que han solicitado una reunión con la Consellería de Educación para que defina "cuánto de transparente decide ser la administración educativa gallega".

"Nuestra exigencia es clara: la ciudadanía tiene derecho a conocer de manera inmediata y pública que es lo que está pasando dentro de los centros escolares, con qué recursos se atienden a nuestros hijos y dónde se les está hurtando el derecho a una educación de calidad; una educación que merecen, y que pagamos sobradamente las personas de este país", concluyen.