Renovación del pacto entre Sergas y Povisa Vigo llega a la tercera prórroga desatando críticas de la AGDSP
La renovación del acuerdo entre el Servicio Gallego de Salud (Sergas) y el hospital Povisa, el mayor centro privado concertado de Galicia, sigue sin resolverse y este lunes vence la tercera prórroga del contrato. La demora afecta a más de 115.000 usuarios del área sanitaria de Vigo y ha generado críticas por parte de la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (AGDSP), que cuestiona la gestión del proceso y sus implicaciones para el sistema público.
El nuevo concierto está pendiente desde agosto del año pasado, cuando expiró el acuerdo vigente. Desde entonces, Povisa ha solicitado tres extensiones del plazo, lo que la AGDSP considera una estrategia de presión sobre el Sergas. Por su parte, el conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, ha señalado que las diferencias en la negociación son menores, mientras que Povisa aún no ha aceptado la oferta propuesta por el Sergas, lo que ha obligado a la Xunta a ampliar nuevamente el plazo para evitar un vacío asistencial. Con todo, el plazo termina este lunes y a mediodía todavía no había noticias de un acuerto.
Un hospital con gran peso en la sanidad pública
Povisa atiende a unas 115.000 personas en Vigo y municipios cercanos como Cangas, Moaña, Baiona y Nigrán, lo que representa cerca del 20% de la población del área sanitaria viguesa. En términos económicos, el hospital recibe 83,7 millones de euros anuales del Sergas, una cifra que podría ascender a 97,5 millones con el nuevo contrato, lo que supondría un incremento del 16%.
A pesar de esta fuerte vinculación con el sistema público, Povisa es un hospital privado que ha cambiado de propietarios en varias ocasiones. Desde 2019, ha pasado de la familia Silveira al Grupo Ribera Salud, posteriormente a la aseguradora estadounidense Centene, y más recientemente, al grupo francés Vivalto. Según la AGDSP, esta rotación de propietarios refleja un enfoque más empresarial que sanitario.
Las claves del desacuerdo
Las diferencias en la negociación del nuevo contrato están relacionadas con el modelo de financiación. Hasta 2014, Povisa cobraba en función de la actividad realizada, pero posteriormente pasó a recibir un pago fijo de 540 euros por habitante y año, independientemente del uso de los servicios. Ahora, según la AGDSP, el hospital pretende volver a un sistema basado en la actividad, pero con una cuantía mínima garantizada, lo que le permitiría optimizar ingresos.
Además, con el nuevo acuerdo, Povisa reduciría el número de pacientes atendidos en 8.000 personas y dejaría de ofrecer algunos servicios especializados, como electrofisiología, neurocirugía y atención a grandes quemados. También se plantea que los tratamientos con hemoderivados, prótesis e implantes, así como la formación de residentes, no sean asumidos por el hospital, lo que implicaría un ahorro para Povisa, pero podría generar mayor presión asistencial en otros centros sanitarios.
Otro punto de debate es la duración del contrato. Mientras que el acuerdo de 2014 se firmó por diez años, ahora Povisa busca que el contrato se revise cada dos años, lo que le permitiría renegociar las condiciones con mayor frecuencia.
Impacto en los pacientes y la sanidad pública
El Sergas ha asegurado que defenderá los intereses de los pacientes y los profesionales de Povisa, aunque la falta de avances concretos genera inquietud. La AGDSP considera que el hospital mantiene una postura de presión sobre la administración para obtener mejores condiciones económicas.
Actualmente, cerca de un 25% de la atención hospitalaria en Galicia está en manos de centros privados, y Povisa es uno de los principales exponentes de este modelo. El desenlace de esta negociación podría marcar un precedente en la relación entre el sistema público y los operadores privados en la comunidad. Por el momento, las conversaciones continúan y la resolución del acuerdo sigue pendiente.
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