La ADSP critica a los que defienden la "situación de privilegio" de los funcionarios en Muface

Según la ADSP, las principales empresas que prestan servicios al sistema de mutualismo público -DKV, Asisa, Sanitas- estarían lanzando alarmas sobre un potencial colapso de MUFACE si no se aumentan en un 40% los fondos que reciben del Estado. La asociación, que defiende la sanidad pública en Galicia, ha catalogado estas afirmaciones como infundadas y ha desmentido que las aseguradoras estén al borde de la quiebra.

La polémica entre las aseguradoras y el Estado por la renovación del convenio de Muface se centra en el desacuerdo sobre las condiciones económicas del nuevo contrato. El Gobierno ha propuesto un aumento de la prima anual del 17,12% para los próximos dos años, pasando de los 1.032,12 euros actuales a 1.208,81 euros al final del periodo. Sin embargo, las aseguradoras consideran que esta subida es insuficiente para cubrir los costes del servicio, que según ellas han aumentado significativamente debido al envejecimiento de la población y la ampliación de los servicios ofrecidos. Las compañías reclaman un incremento de la prima del 38%, argumentando que el modelo actual les genera pérdidas superiores a los 200 millones de euros anuales.

La falta de acuerdo ha llevado a que el concurso para la renovación del convenio de Muface haya quedado desierto, ya que ninguna de las tres aseguradoras que actualmente prestan el servicio (Adeslas, Asisa y DKV) se ha presentado a la licitación. Esto ha generado una situación de incertidumbre para los más de 1,5 millones de funcionarios y sus familiares que dependen de este sistema de atención sanitaria. El Gobierno ahora se enfrenta al desafío de encontrar una solución que garantice la continuidad del servicio, mientras que las aseguradoras advierten que sin un aumento significativo de la prima, el modelo de Muface podría volverse insostenible. 

Esta situación ha reabierto el debate sobre la viabilidad y la idoneidad del sistema de colaboración público-privada en la atención sanitaria de los funcionarios públicos.

Al hilo de esto, la ADSP señala que las compañías de seguros alcanzaron beneficios de 10.500 millones de euros en 2023, de los cuales solo el 17% provino del sistema de mutualismo administrativo. Además, aseguran que las empresas están multiplicando sus ingresos gracias al crecimiento de los seguros privados complementarios, los cuales ya han contratado aproximadamente el 25% de los ciudadanos, en parte como resultado de recortes en la Atención Primaria en varias comunidades autónomas.

MUFACE y su impacto limitado en el sistema público

Otra afirmación que cuestiona la ADSP es que la desaparición de MUFACE generaría un colapso en el sistema sanitario público. Según el colectivo, la atención que MUFACE desvía al sector privado representa apenas el 2% de la demanda global de salud pública en España, por lo que su impacto en caso de un traslado de sus usuarios al sistema público sería mínimo.

La ADSP también niega que MUFACE signifique un ahorro para el sistema sanitario, argumentando que la mayoría de los usuarios de esta mutualidad son jóvenes y con buena salud, quienes generan menos costes. Según sus datos, las personas mayores de 65 años —menos frecuentes en MUFACE— triplican el gasto sanitario de los usuarios más jóvenes. Por ello, la asociación sugiere que este sistema solo contribuye a desviar fondos públicos hacia las aseguradoras privadas.

La ADSP critica que algunos sindicatos apoyen lo que consideran una "estrategia de presión" liderada por el sector privado, ya que exigen mantener lo que describen como una "situación de privilegio" para los empleados públicos, quienes disfrutan de estabilidad laboral y contratos indefinidos, pero también de acceso a servicios privados. Hay que recordar que colectivos como CSIF han lanzado manifestaciones para meter presión y que el Gobierno firme con las aseguradoras.