La fiscalía recurre el fallo de Angrois para eximir al cargo de Adif

La fiscalía prepara un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre la sentencia del descarrilamiento del tren Alvia en la curva de Angrois, que dejó centenares de muertos y heridos. 

El Ministerio Público intentará convencer a los jueces de que Andrés Cortabitarte no merece la condena de más de dos años de cárcel, que ahora mismo pende sobre él. De conseguirlo, ningún representante de la administración será declarado culpable de la tragedia, pese a que la sentencia inicial considera pobrado que la empresa pública Adif no cumplió su obligación de garantizar la seguridad de ese tramo.

El recurso, adelantado esta mañana por Radio Galicia, sin duda será muy criticado por la asociación de víctimas. Los afectados llevan años denunciando que el Estado intenta lavarse las manos y proteger a los cargos de Adif y a los ministros de Fomento con responsabilidad en la obra.

Este accidente, uno de los más trágicos en la historia ferroviaria de España, dejó 80 muertos y más de 140 heridos. La sentencia, emitida en 2023, responsabilizó a ADIF por no haber implementado las medidas de seguridad adecuadas en la línea ferroviaria, destacando que la empresa no instaló un sistema de frenado automático en un tramo crítico donde el tren debía reducir drásticamente su velocidad. Esto evidenció graves fallos de supervisión y planificación por parte del ente gestor, en particular por Andrés Cortabitarte.

El tribunal consideró que el departamento que dirigía en ADIF, al ser responsable de la infraestructura, tenía la obligación de prever y mitigar riesgos inherentes al diseño y operación del sistema ferroviario. Si bien el maquinista del tren también fue condenado por exceso de velocidad, la sentencia subrayó que el accidente no habría ocurrido si las medidas tecnológicas de seguridad, como el sistema de control ERTMS, hubieran estado plenamente operativas en la curva de Angrois. Esto dejó en evidencia una cadena de errores y omisiones que comprometieron la seguridad de los pasajeros y la tripulación.

Además del impacto legal y económico para ADIF, la sentencia tuvo implicaciones profundas en el ámbito de la seguridad ferroviaria y la gestión de riesgos en infraestructuras críticas en España. El fallo generó un debate sobre la necesidad de reforzar la supervisión estatal y actualizar los protocolos de seguridad en el sector ferroviario.