Las nuevas generaciones y la Constitución: tan lejos, tan cerca

La alerta la han dado algunas encuestas que revelan un preocupante desconocimiento de la Constitución entre las personas menores de 30 años. Según un reciente informe del Consejo de la Juventud de España (CJE), más del 59% de los jóvenes no se sienten representados por el sistema político español, lo que incluye una visión de la Carta Magna como un texto lejano y anacrónico.

Cuando se les pide mencionar algún derecho constitucional específico, los jóvenes suelen referirse al derecho a la vivienda (artículo 47) o al derecho a la educación (artículo 27), pero pocos conocen detalles sobre cómo se articulan o garantizan en la práctica. Este desconocimiento se refleja en una encuesta del CIS de 2022, donde solo un 27% de los encuestados menores de 30 años afirmó haber leído algún fragmento de la Constitución.
 

La cuestión es que para muchos adolescentes y jóvenes adultos el texto de 1978 es solamente una referencia dentro de los libros de texto. Se hacen trabajos, se visionan vídeos, se habla de derechos y de la historia de la Constitución, pero más allá de esto, no le ven aplicación práctica o real sobre el día a día de sus vidas. 
 

¿Existe el derecho a la vivienda y al empleo?

La pregunta puede resultar de lo más chocante pero si tenemos en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, muchos y muchas jóvenes no saben cómo hacer valer sus derechos para la obtención y conservación de una vivienda y un trabajo digno. Es más, no resultaría extraño incluso hubiera gente joven preguntando si realmente la vivienda y el empleo digno figuran en la Constitución.

El derecho a la vivienda, consagrado en el artículo 47, es la principal preocupación de los jóvenes en la actualidad. Según el estudio "Rompe el cristal", el 74% de los encuestados consideran la vivienda como la prioridad número uno a abordar por el gobierno. Sin embargo, las dificultades para acceder a un hogar propio hacen que muchos perciban este derecho como incumplido. Existe, por tanto, una enorme frustración entre los menores de 30 años al comprobar que existe un derecho a la vivienda y “no hay mecanismos para cumplir ese derecho”.

El empleo, otra preocupación central, también genera desconfianza. Aunque el artículo 35 de la Constitución asegura el derecho al trabajo en condiciones dignas, la precariedad laboral afecta a una generación con salarios bajos y contratos temporales, es por esoque no ven en el texto una herramienta para mejorar su realidad.

Un texto...¿desactualizado?
La Constitución de 1978 no aborda temas cruciales para el siglo XXI, o por lo menos así lo indican los textos mencionados. Aspectos como el cambio climático, los derechos digitales y la salud mental apenas tienen espacio en un documento que fue redactado en un contexto social y político muy diferente al actual.

Es frecuente encontrar voces recordando que en cuarenta y seis años la sociedad ha cambiado y a los retos ya existentes se añaden otros. Para muchos profesionales de entre 22 y 30 años la Constitución no ha evolucionado con la sociedad, se ha quedado “estancada” en un contexto temporal ya pasado y que no refleja elementos a tener en cuenta como el cambio climático. 

Según el estudio “Rompe el cristal”, 31% de los encuestados considera que la lucha contra el cambio climático es una prioridad política. Por otra parte, el 46% destacó la importancia de medidas en salud mental.

Sin embargo, el desconocimiento constitucional es achacado muchas veces a la falta de una “educación cívica” apropiada. Se intentó en su momento con Educación para la Ciudadanía y la introducción de conceptos básicos de convivencia cívica, pero para muchos ha quedado en un intento superficial y demasiado teórico.
 

Se hecha en falta fomentar el debate y la posibilidad de cambiar el texto constitucional porque, insisten algunos educadores, “se enseña como algo intocable”. Algo parecido a un texto sagrado que solo pueden interpretar un círculo muy reducido de “sabios” y no permite dudas en su aplicación.

Una oportunidad para el cambio
El cambio de contexto social y temporal debiera impeler a los poderes políticos a realizar cambios adecuados en el texto de 1978. Sobre todo, potenciar el conocimiento de la Constitución como herramienta para poder hacer efectiva su aplicación por parte de la ciudadanía. De hecho, muchos adolescentes conocen algunas nociones constitucionales a través de las redes sociales. 

La Red ha sido aprovechada a veces para lanzar mensajes constitucionalmente cuestionables. Pero si se revirtiera este fenómeno, si las redes sociales fuesen más proactivas en cuanto a la difusión de valores constitucionales, es posible que estos se integraran más en el segmento más joven de la sociedad. 

Porque, y esto es lo preocupante, la desconexión entre los jóvenes y la Constitución plantea un desafío para la sociedad española. Mientras algunos defienden su vigencia como garante de estabilidad, otros creen que necesita reformas profundas para conectar con las nuevas generaciones.

El reto, por tanto, no es solo educativo, sino también político. La juventud española tiene el potencial de revitalizar un texto que, a pesar de sus limitaciones, sigue siendo la base de la democracia en España. ¿Estará la sociedad dispuesta a abrir el debate constitucional para incorporar las demandas de las nuevas generaciones? Solo el tiempo lo dirá.