Heriberto, nonagenario, muere sin recibir ayudas de la dependencia que pidió en 2023

A pesar de las promesas de la Xunta de Galicia, los retrasos en las valoraciones y concesiones de ayudas a la dependencia siguen siendo una realidad desesperante. Organizaciones como el Sindicato Labrego Galego (SLG) denuncian que las esperas, que pueden superar los dos años, están dejando a las personas más vulnerables desatendidas.

La organización agraria cita el caso de  Heriberto y Modesta, dos ancianos de 98 y 95 años. Su solicitud, presentada en diciembre de 2023, se resolvió parcialmente cuando Heriberto fue valorado en agosto de 2024. No obstante, falleció en octubre de ese mismo año sin recibir los servicios necesarios. Modesta, a día de hoy, sigue sin noticias sobre su expediente, denunció Margarida Prieto, vocal del SLG en el Consello Galego de Benestar Social.

Falta de personal y recursos  

En Galicia, los datos son alarmantes: el porcentaje de grandes dependientes (grado III) supera en nueve puntos la media nacional, según el SLG. Sin embargo, solo el 18% de las personas potencialmente dependientes solicitan ayuda, el índice más bajo del Estado español.

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia apunta a la escasez de equipos de valoración como una de las principales causas del problema. Las medidas tomadas en el pasasdo es evidente que no han resultado efectivas debido a la falta de personal. Está por ver qué pasa con la simplificación administrativa que la Xunta anunció a finales de 2024 y que entró en vigor el 1 de enero.

Además, según el SLG, el tiempo promedio para recibir los servicios tras su aprobación supera el año. Según sus datos, ntre enero y octubre de 2024, más de 300 personas fallecieron mientras aguardaban en listas de espera, según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

¿Propaganda o soluciones reales?

En 2023, la Xunta lanzó un plan prometiendo para reducir a la mitad las listas de espera y presentó iniciativas como el Bono Cuidado de 5.000 euros. Sin embargo, colectivos como el SLG alertaron que estas medidas no solo priorizaban el acceso a servicios privados, sino que reducían la financiación de programas públicos esenciales, como el Servizo de Axuda no Fogar (SAF). 

Ante la reiteración de críticas como las vertidas hoy por el SLG, la Consellería de Política Social lleva meses insistiendo en que los cambios normativos que están implementando agilizarán los procesos y mejorarán los tiempos de respuesta.  Las últimas modificaciones entraron en vigor en 2025, fijando como objetivo dar respuesta en un plazo máximo de seis meses. ¿Lo conseguirá esta vez la Xunta?