La Xunta lleva la privatización hasta los centros de atención a víctimas de violencia machista, acusa el BNG

Las víctimas de violencia machista tendrán pronto a su disposición, las 24 horas del día y los 365 días del año, un lugar al que acudir para denunciar su situación y recibir el amparo de las administraciones públicas. Estas instalaciones se encuentran en cinco hospitales de la geografía gallega y el Gobierno de Galicia proyecta que estarán en funcionamiento en el último trimestre del año. No obstante, estos centros, según denuncia el BNG, estarán gestionados por empresas privadas, algo que ha despertado el malestar de los nacionalistas. 

CINCO INSTALACIONES

Son instalaciones, como la del Hospital Gil Casares de Santiago de Compostela, que ya recibieron la visita de la conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, y del director xeral de Lucha contra la Violencia de Género, Roberto Barba. Tres psicólogos, dos trabajadores sociales, un auxiliar y un asesor jurídico componen la plantilla de estos espacios pensados para las víctimas de violencia sexual. 

El Hospital Novoa Santos de Ferrol, el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, el HULA de Lugo y el PAC de la Calle del Ayuntamiento en Ourense serán los otros centros que cobijarán estas instalaciones, para las que la Xunta destinó 11 millones de euros y que se agregan a la res de más de 80 Centros de Información a la Mujer repartidos por toda Galicia.  

"¿DÓNDE ESTÁ EL LÍMITE?"

Sin embargo, desde el BNG han denunciado que la gestión de estos centros caerá en manos privadas al sacar la Xunta a licitación un contrato por 7,5 millones de euros. No es la primera vez que vemos esta clase de movimientos en el Gobierno de Alfonso Rueda, que ya privatizó las residencias de mayores donadas por la Fundación Amancio Ortega. 

"Es tal el afán privatizador que este proceso ya lo iniciaron hace un año y tuvieron que paralizarlo porque ni siquiera estaban construidos estos centros", denunció esta semana la parlamentaria Olalla Rodil, al tiempo que puntualizó que estos centros "están financiados con cargo a fondos del Pacto de Estado contra la Violencia Machista y que se conciben como servicios de atención integral para víctimas de violencia sexual".
 

"¿Dónde está el límite para el PP? Privatizaron centros de menores; el 80% de las plazas de residencias de mayores y, ahora, abren la puerta a engordar el negocio de empresas privadas en la atención a víctimas de violación ¿Hay algo que no es susceptible de hacer negocio? ¿Hay algo que no deba ser utilizado para enriquecer a un puñado de empresas?", criticó Rodil
 

En este sentido, la nacionalista apuntó que estas privatizaciones van de la mano de la "precariedad laboral" que acaba afectando también a los usuarios. "Precariedad laboral con personal claramente insuficiente, pero además precarizar la atención de las personas usuarias porque el propio pliego de licitación del PP dice que se va a hacer una parte de esa atención de manera telemática o de manera telefónica. No sabemos si a través de una pantalla o por teléfono", indicó.
 

Por todo esto, desde el BNG piden que se detenga el proceso, aunque también advierten que, pese a que el proceso sigue abierto "Eulen ya está enviando ofertas de trabajo y ofreciendo contratos".