Estos 70 ayuntamientos llevan dos años sin rendir cuentas, como obliga la ley

El Consello de Contas de Galicia publicó este lunes un informe sobre diputaciones y ayuntamientos. El documento audita también los gastos en materiales sanitarios durante la pandemia del coronavirus. Dado el escándalo del caso Koldo, la auditoría adquiere una relevancia especial.  Más teniendo en cuenta que al igual que sucedió con el informe que auditó las compras del Xunta, los contables públicos describen irregularidades importantes en las contrataciones.

Por ejemplo, en el 80% de los contratos menores de compra de material sanitario solo se pidió precio a una empresa. Esto viola las normas de contratación, que en este tipo de adjudicaciones -pequeñas, para la que no es necesario convocar un concurso abierto- obligan a pedir precio al menos a tres compañías. 

¿COMPRAR MASCARILLAS A UN ELECTRICISTA?

Además, los contables públicos dejan patente su extrañeza por el tipo de algunas de las empresas seleccionadas a dedo, dada la “relación dudosa con el objeto social y la una adquisición de mascarillas quirúrgicas y FPP2, guantes y EPIS”.  Así, el informe especifica que se compró material sanitario a empresas que en teoría se dedicaban a “producción y distribución publicitaria, instalaciones eléctricas, actividades de telecomunicaciones, compra y venta de valores, educación secundaria técnica y profesional y actividades de administración pública”.

¿Cuales son las empresas de “dudosa” relación con la distribución sanitaria y qué administraciones las contrataron? El Consello de Contas no realizó una investigación exhaustiva - se seleccionó una muestra que por su objeto podría estar ligada a la covid-19: 1.186 expedientes con un importe de adjudicación de 3,6 millones-  pero esta es una muestra de las adjudicaciones señaladas:

Una de las compañías señaladas es Sibucu 360 SL. Esta es la empresa que tuvo que retirar algunos lotes de mascarillas por tener una certificación incorrecta. 

Otro de los defectos que describe Contas es la opacidad. Casi el 42% de los contratos para material covid no se publicaron en el perfil del contratante de la correspondiente administración, como marca la ley. El Consello tilda esto de “importante deficiencia”.

OCHO CONTRATOS MENORES SIN CONTRATADO

Con todo, este no es el defecto más grave en las contrataciones. Otra forma ágil de comprar material o contratar servicios es recurrir a la tramitación de emergencia. Esto permite a la administración no solo contratos a dedo, incluso verbales. Eso sí, a posteriori hay que aportar documentación y justificar el porqué de la emergencia. 

Pues bien, el Consello de Contas encontró 15 contratos en los que no se explicó porque se tiraba de procedimiento de emergencia y, lo que es aún más serio, ocho adjudicaciones donde ni consta el nombre del contratista. Son adjudicaciones de 2020 de los ayuntamientos de Santiago, Ourense, O Porriño, Monforte, Marín, Lugo, Avión y Arzúa:

La valoración general de la documentación revisada es que hubo un “cumplimiento incompleto” de los requisitos de especificar la mención del objeto del contrato, el precio de la adjudicación y la identidad del contratista en las compras de covid.

¿Por qué tantos alcaldes pasan de someterse al examen del Consello de Contas?

Estas irregularidades pueden constituir solo una parte del conjunto. El informe señala que el 24% de las administraciones no rindió cuentas en materia de contratación y un 70% en materia de convenios.  Hay que recordar que las entidades locales tienen la obligación de presentar sus cuentas y enviar sus contratos a las instituciones de control externo, el Consello de Contas en el caso de Galicia. 

El problema es que el incumplimiento del deber de rendir cuentas no conlleva consecuencias directas para aquellos que no lo respetan, ya que lal ey no autoriza a dichas instituciones a tomar medidas para asegurar su efectividad. El Consello no tiene capacidad sancionadora. Como mucho, sus informes suponen un tirón de orejas en público. Le valen, eso sí, a los políticos de turno para argumentar que como algo está "auditado por el Consello de Contas" ya es legal, argumentación que es una falacia, pues no es labor del Consello evaluar la legalidad de los contratos. Como mucho, remitir a la Fiscalía alguna documentación si ve indicios de delito, algo que por otra parte jamás ha hecho en toda su historia. 

Las 174 administraciones que han incumplido su obligación legal de remitir su documentación al Consello de Contas en 2019 son las siguientes: Ferrol, A Laracha, Noia, Ordes, As Pontes de García Rodríguez, Rianxo, Sada, Abegondo, Ares, Camariñas, Carral, Coristanco, Miño, Muros, Neda, Oroso, Ortigueira, Outes, Santa Comba, Cabanas, Mazaricos, Rois, San Sadurniño, Santiso, As Somozas, Trazo, Vilasantar, Concellos Comarca Ferrol, Comarca Ordes, Ría de Arosa-Zona Norte, Comarca Compostela, Comarca Fisterra, Augas dos Concellos de Carnota e Muros, Xallas-Tines-Tambre, Castro de Rei, Chantada, Guitiriz, Outeiro de Rei, Ribadeo, Burela, Antas de Ulla, Baleira, Carballedo, A Fonsagrada, O Incio, Xove, Mondoñedo, Muras, Negueira de Muñiz, Palas de Rei, Pantón, A Pobra do Brollón, Ribas de Sil, Samos, O Saviñao, Triacastela, Concellos Galegos do Camiño Francés, Barbadás, O Carballiño, Verín, Xinzo de Limia, O Pereiro de Aguiar, Amoeiro, Baños de Molgas, Os Blancos, A Bola, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo do Val, Cortegada, Esgos, O Irixo, Xunqueira de Espadanedo, Lobios, Maceda, Manzaneda, Maside, Melón, Montederramo, Nogueira de Ramuín, Parada de Sil, Petín, A Pobra de Trives, Rairiz de Veiga, San Xoán de Río, Riós, A Rúa, Rubiá, Sarreaus, A Teixeira, Vilamartín de Valdeorras, Vilardevós, Ourense, Intermunicipal Voluntaria da Baixa Limia, Intermunicipal Voluntaria Santa Agueda, Terras do Navea-Bibei, Augas de Rúa-Petín, Ribeira Sacra, Cangas, Vilagarcía de Arousa, Cambados, Tomiño, Ponte Caldelas, Ribadumia, Salceda de Caselas, Silleda, Forcarei, Agolada, Pontecesures, Rodeiro, Entidade local menor de Camposancos, Entidade local menor Arcos da Condesa, Mancomunidade de "Servicios Vertedoiro de Residuos Sólidos Urbanos de Pontevedra e Sanxenxo", Mancomunidade de Concellos do Val Miñor e Manncomunidade Terras de Deza.

En 2020 los que hicieron oídos sordos a las peticiones del Consello de Contas fueron 147 ayuntamientos y otras entidades locales: Ferrol, A Laracha, Noia, Ordes, As Pontes de García Rodríguez, Rianxo, Sada, Abegondo, Coristanco, Miño, Oroso, Ortigueira, Outes, A Pobra do Caramiñal, Santa Comba, A Baña, Boqueixón, Dodro, Mazaricos, Rois, San Sadurniño, Santiso, As Somozas, Trazo, Vilasantar, Concellos Comarca Ferrol, Comarca Ordes, Concellos do Tambre, Ría de Arosa-Zona Norte, Comarca Compostela, Comarca Fisterra, Augas dos Concellos de Carnota e Muros, Concellos Serra do Barbanza, Xallas-Tines-Tambre, Castro de Rei, Chantada, Guitiriz, Outeiro de Rei, Ribadeo, Burela, Antas de Ulla, Baleira, Carballedo, Mondoñedo, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, Pantón, Portomarín, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Triacastela, Concellos Galegos do Camiño Francés, Barbadás, O Carballiño, Verín, Xinzo de Limia, Amoeiro, Baltar, Cartelle, Cortegada, O Irixo, Xunqueira de Espadanedo, Lobios, Manzaneda, Nogueira de Ramuín, Parada de Sil, Petín, A Pobra de Trives, Pontedeva, Rairiz de Veiga, San Xoán de Río, A Rúa, Rubiá, Sarreaus, A Teixeira, Vilamartín de Valdeorras, Vilar de Barrio, Intermunicipal Voluntaria da Baixa Limia, Intermunicipal Voluntaria Santa Agueda, Terras do Navea-Bibei, Augas de Rúa-Petín, Ribeira Sacra, Cangas, Vilagarcía de Arousa, Cambados, Ponte Caldelas, Ribadumia, Silleda, Agolada, Pontecesures, Rodeiro, Entidade Menor de Camposancos,  Entidade Menor de  Arcos da Condesa, Mancomunidade de Vales do Ulla e Umia, Mancomunidade de "Servicios Vertedoiro de Residuos Sólidos Urbanos de Pontevedra e Sanxenxo", Mancomunidade de Concellos do Val Miñor y Mancomunidade de Terras de Deza.

Las entidades que no mostraron capacidad de enmienda y aparecen en ambas listas, en la de 2019 y en la 2020, son:

• Ferrol
• A Laracha
• Noia
• Ordes
• As Pontes de García Rodríguez
• Rianxo
• Sada
• Abegondo
• Coristanco
• Miño
• Oroso
• Ortigueira
• Outes
• Santa Comba
• Mazaricos
• Rois
• San Sadurniño
• Santiso
• As Somozas
• Trazo
• Vilasantar
• Concellos Comarca Ferrol
• Comarca Ordes
• Ría de Arosa-Zona Norte
• Comarca Compostela
• Comarca Fisterra
• Augas dos Concellos de Carnota e Muros
• Xallas-Tines-Tambre
• Castro de Rei
• Chantada
• Guitiriz
• Outeiro de Rei
• Ribadeo
• Burela
• Antas de Ulla
• Baleira
• Carballedo
• Mondoñedo
• Negueira de Muñiz
• Pantón
• Ribas de Sil
• Triacastela
• Concellos Galegos do Camiño Francés
• Barbadás
• O Carballiño
• Verín
• Xinzo de Limia
• Amoeiro
• Cartelle
• Cortegada
• O Irixo
• Xunqueira de Espadanedo
• Lobios
• Manzaneda
• Nogueira de Ramuín
• Parada de Sil
• Petín
• A Pobra de Trives
• Rairiz de Veiga
• San Xoán de Río
• A Rúa
• Rubiá
• Sarreaus
• A Teixeira
• Vilamartín de Valdeorras
• Pontecesures
• Rodeiro
• "Servicios Vertedoiro de Residuos Sólidos Urbanos de Pontevedra e Sanxenxo"
• Concellos do Val Miñor
• Terras de Deza.

¿Tienen los ayuntamientos la obligación de remitir la documentación al Consello para su examen? Sí. ¿Aquellos que no cumplen están sometidos a algún castigo? No. 

En Galicia, se ha utilizado una disposición de la Administración de la Comunidad Autónoma para intentar que meter en vereda a los ayuntamientos. Según el Decreto 193/2011, de 6 de octubre, que regula especificidades en las subvenciones a las entidades locales gallegas, se establece como requisito para la "concesión" de subvenciones a las corporaciones locales el envío de las cuentas generales de cada ejercicio al Consello.

No obstante, la propia disposición establece que de manera excepcional, el Consello de la Xunta de Galicia puede autorizar la exención de esta condición en situaciones en las que la falta de concesión de la subvención pueda afectar al desarrollo normal de los servicios esenciales. 

La consecuencia es que varios años después de la entrada en vigor de la norma solo remite su contratos al Consello quien quiere, pues para los alcaldes que violan la norma no hay castigo más allá que la hipotética retirada de ciertas subvenciones. Hasta la fecha, no hay constancia que ningún ayuntamiento haya dejado de recibir ayudas por obviar las peticiones del Consello.