Fraude fiscal, poder económico, político y judicial

A muchos ciudadanos de buena fe puede que les sorprenda lo que está pasando con la Fiscalía General del Estado. Que le sorprenda a muchos y a no pocos les indigne que la justicia pueda llegar a premiar a un defraudador confeso al tiempo que busca castigar a quién lo persigue. Seguramente le suceda lo mismo, o sea mayor la indignación, sí le decimos que en no pocos casos puede llegar a pasar que, como ahora sucede, esos defraudadores fiscales se vean protegidos por los poderes públicos y judiciales y sus medios afines.

Pero si a estos ciudadanos de buena fe les explican una serie de realidades que se vienen sucediendo desde hace décadas seguramente entenderán mejor lo que está pasando con la Fiscalía General del Estado. Por caso, que en España hay un muy elevado fraude fiscal: según GESTHA superan los 90.000 millones de euros las pérdidas anuales para las arcas públicas a causa del fraude fiscal, 31.800 millones por encima de la media en la UE. Un fraude fiscal que en su grande parte procede de las rentas más altas que mayoritariamente tienen sede social en Madrid. Una comunidad que los sucesivos gobiernos regionales del PP llevan años intentando convertir en una suerte de paraíso fiscal (recuérdese el megaproyecto de Eurovegas que intentaba convertir Alcorcón en un nuevo Las Vegas) al tiempo que no paran de practicar dumping fiscal bajándole los impuestos a las rentas más altas: durante los mandatos de Isabel Díaz Ayuso van aprobadas 31 bajadas de impuestos que suponen 31.300 millones menos de recaudación en los últimos seis años (2019-2025).

Que en España funcionan con fluidez las puertas giratorias. Entre los años 1984 y 2014 cuarenta altos cargos (entre ellos 17 exminisros) del PP y del PSOE se colocaron como directivos en las grandes empresas públicas privatizadas (Telefónica, Endesa, Repsol, Gas Natural, Argentaria, Tabacalera...). Una movida que también incluye a magistrados cuya prueba reciente ha sido cuando un Presidente del Tribunal Constitucional pasó a ser Consejero del IBEX35. Unas actuaciones que facilitan el fraude fiscal y la corrupción a gran escala.

En este marco el caso del señor González Amador es solo una muy pequeña punta de un enorme iceberg que forman el fraude fiscal y la corrupción alimentadas por el actual gobierno de la Comunidad de Madrid, que tiene como presidenta a señora Isabel Díaz Ayuso (pareja del defraudador confeso), quien cuenta con el apoyo tanto de la oligarquía que forman grandes bancos y empresas, ubicados en Madrid como señalé antes, como de medios de comunicación subvencionados. Que además, tal como estamos comprobando en este caso, también cuenta con la cobertura legal (?) de magistrados muy bien situados dentro del poder judicial español.

Una muy pequeña punta que, desnuda, puede dejar a cielo abierto otras partes mayores de esa gran masa corrupta que está oculta. He ahí las razones de esta ofensiva ultra contra la Fiscalía General del Estado, evitar que tal cosa pueda suceder, que el caso del señor Gonzalez Amador destape otros casos de fraude y corrupción más relevantes pero que impliquen a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y a oligarcas madrileños como sucedió en fechas recientes (trama Gurtel, casos Púnica, Lezo -Canal Isabel II-, Neverland, Aval Madrid e IBI, tarjetas black).

Una ofensiva ultra de poderes económicos, políticos y judiciales que responde a una cultura permisiva con el fraude fiscal que no incentiva a la ciudadanía a pagar impuestos y que supone una falta de moral.