El problema no es la amnistía

¿Serán el señor Núñez Feijóo y su equipo (PP) conscientes de los riesgos que le hacen correr a la frágil democracia española con sus actitudes políticas subversivas? Uno tiene la sensación de que no lo son, de que desorientados y encaprichados por la derrota parlamentaria en la sesión de investidura, lejos de reconocerla, optan por "tirar al monte" y por intentar poner todo patas arriba, desestabilizando las instituciones democráticas y subvertiendo el propio orden democrático. Todo con un objetivo: impedir la más que probable formación de un nuevo gobierno progresista (PSOE+Sumar), liderado por Pedro Sánchez.

Así, tomando como bandera a la oposición a una amnistía, de la que aún no se conoce nada, lanzan a la calle sus "movimientos patriotas" (en los que abundan ultraderechas vinculados a grupos xenófobos o de inspiración neofascista como Revuelta, Facta, Desocupa, Falange, Democracia Nacional...) que, capitaneados por los dirigentes de Vox, acosan e intentan asaltar las sedes del PSOE en distintas ciudades de España. ¿Son conscientes los/las dirigentes de las derechas extremas del peligro de estimular este tipo de acciones subversivas? ¿Es necesario acudir a la historia para recordar cómo terminaron actos que empezaron así? ¿Por caso, se recuerdan estos dirigentes del 23F de 1981? ¿O, yendo más atrás, del 27F de 1933? ¿Cuándo reconocerá el Partido Popular (PP) que no tiene la mayoría parlamentaria suficiente para gobernar? Porque el gran problema que tiene actualmente España no es la amnistía, sino que, como ha venido sucediendo a largo de la historia, las derechas extremas no respetan las reglas de la democracia cuando estas no les favorecen. Reglas como, por caso, que para gobernar hay que tener una mayoría parlamentaria (C.Y. Art. 99).

Una falta de respeto por la democracia que también se hace visible en sectores relevantes del poder judicial. Así vemos cómo magistrados ultras que intentan subvertir el orden constitucional no respetando el mismo, como sucede con el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) donde estos jueces están atrincherados impidiendo que se cumpla el mandato constitucional de renovación del mismo (C.Y. Art. 122), acaban ahora de aprobar una declaración contra la futura ley de amnistía a pesar de que la proposición de ley aun no está ni siquiera presentada. Un comportamiento en la misma línea vienen teniendo famosos magistrados de la Audiencia Nacional, como el caso paradigmático del magistrado Manuel Garcia Castellón quien de salvador del Partido Popular (PP) en numerosos casos de corrupción y de perseguidor de políticos de izquierdas (tiene una fijación especial con Podemos) pasa ahora a ariete contra la amnistía y así viene de imputar a Marta Rovira por los disturbios de Tsunami Democrátic a la vez que trata de dirigir la investigación contra Puigdemont en el que es un claro intento de impedir el acuerdo PSOE/Junts/ERC. Hechos todos ellos que ponen en evidencia como, entre los distintos poderes del Estado español que deben garantizar las libertades y los derechos fundamentales, seguramente sea el poder judicial quien aun no se desempeña como corresponde a una democracia, a pesar de las décadas transcurridas.

En esta campaña subversiva muchos medios de información y opinión (mayoría subvencionados) vuelven a actuar cómo estiletes y propagandistas de los intereses de las derechas extremas. Un caso paradigmático entre los medios privados gallegos está siendo el diario de mayor tirada (La Voz de Galicia), quien, devolviendo los favores que le hace esta Xunta de Galicia (PP), recibió una subvención anual de cerca de 900.000 euros de las subvenciones generalistas, viene actuando desde hace tiempo (basta con ver las portadas) de ariete contra las izquierdas y los soberanistas igual que hacía el diario Arriba en el franquismo. Qué diferencia de comportamiento periodístico entre estos medios y la prensa internacional más respetada: ahí tenemos los casos de los prestigiosos diarios británicos Financial Times y The Guardian que acaban de manifestar su apoyo a la amnistía "para finalizar con las fracturas políticas entre España y Cataluña", mientras que mucha otra prensa internacional, también muy prestigiosa, como Le Monde, Liberation, The New York Times, Corriere della Sera..., aun manifestando algunas dudas sobre el acuerdo con los partidos independentistas catalanes, también muestran su respeto y comprensión por la decisión, pues consideran que dará estabilidad política, ya que "el Partido Popular (PP) a pesar de ser la primera fuerza política no es capaz de gobernar España".

Pero, en toda romería que se precie no puede faltar el sector más ultra de la Iglesia Católica, que también se pronuncia contra la amnistía: "no es aceptable, desde el punto de vista de la Doctrina Social de la Iglesia, una secesión unilateral". En realidad no había debido sorprendernos esta posición de los obispos, pues a todo el largo de la historia de España la brisa católica estuvo prácticamente siempre en contra de los avances en derechos y libertades y a favor de las opciones políticas conservadoras.

Con tales actitudes se ponen en evidencia que las desmedidas y en muchos casos antidemocráticas reacciones de estos poderes en el momento presente no responden realmente su oposición a una amnistía a los políticos del procés, sino su tradicional oposición a que si aprueben medidas que supongan avances y mejoras para las mayorías sociales y reduzcan los privilegios de los ricos y poderosos. Oposición que en la actual coyuntura pasa por tratar de impedir que se forme un gobierno progresista, aunque cuente con la mayoría parlamentaria necesaria.