Fragas do Eume: propietarios acusan a la Xunta de menosprecio

Los propietarios de terrenos en el Parque Natural As Fragas do Eume, ubicado en los municipios de A Capela, As Pontes, Cabanas, Monfero y Pontedeume, han realizado varias movilizaciones en protesta contra el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUX) aprobado por la Xunta de Galicia en marzo de 2023. Este plan establece restricciones que, según los afectados, limitan el uso de sus tierras sin ofrecer compensaciones económicas adecuadas. Por otra parte, la inclusión en Rede Natura de este territorio ha marcado como acción principal la restauración y conservación del territorio. El problema radica fundamentalmente en las restricciones que propietarios y propietarias dicen tener sobre sus fincas y, por otra parte, que los precios por metro cuadrado ofrecidos por la Xunta para comprar terrenos e incorporarlos al parque son insuficientes.

Propietarios

Actualmente, las personas con propiedades en el área de As Fragas do Eume tienen una menor o mayor libertad de acción en sus terrenos. Dichas propiedades según la posición que ocupen dentro del parque natural. En total, según la asociación de Propietarios Fragas do Eume, son 9.125 hectáreas las que cubre este reservorio de bosque atlántico europeo. Unas 432 hectáreas conforman la zona de reserva y otras 3.300 hectáreas serían las destinadas a “uso limitado” donde se podrían realizar tareas agrarias, forestales y ganaderas.

Pero el punto de la discordia está en la aprobación del Plan Rector de Uso e Xestión (PRUX). Este plan debería haberse aprobado en 1.999, dos años después de la creación del parque natural (julio de 1997). Sin embargo, dicho documento ha aparecido veinticinco años después, lo que para movimientos ambientalistas ha sido una muestra de abandono del parque desde la Xunta y, además, se trata de un PRUX “poco ambicioso” para estos movimientos.

La otra cuestión relacionada con el PRUX está en que si se amplía el parque en algunos casos sería necesaria la expropiación de terrenos. Aquí es donde los vecinos y vecinas consideran que se les está “menospreciando” desde el gobierno autonómico. ¿Cuál es el motivo? “En 1994 (primeras expropiaciones) pagaron a 700 pesetas el metro cuadrado (1,75€ metro cuadrado)” dice Ángeles Pita de la asociación Propietarios Fragas do Eume.
 

Actualmente, el presupuesto del gobierno gallego es de 1.100.000€ y el precio por metro cuadrado sería de 0,92€. En principio, este último sería un precio con el que iniciar conversaciones, pero rumores apuntan a que pudiera ser la mitad. Desde Propietarios Fragas do Eume apuntan una tabla de precios que varían según el tipo de finca. Si es un lugar de monte bajo, 0,35€ metro cuadrado, terrenos con pendiente, entre los 0,70 y los 0,60€. Por último, exigen información sobre el impacto ambiental y económico del rescate de carbono en las más de 9.000 hectáreas del parque, ya que sienten que este aspecto ha sido ignorado.

Estado de las cosas

Vecinos y vecinas critican la falta de comunicación desde la Xunta y, por tanto, la falta de diálogo. Es por eso que reclaman reuniones con la conselleira de Medio Ambiente y la directora xeral de Patrimonio Natural para así aclarar la situación. Todo ello, además, con la intención también de señalar los prejuicios que ha podido causar la declaración del parque (denuncian ataques de lobo a ganado), y reclaman que se pague compensaciones dignas por la madera y el terreno. Lo que no desean es que se actúe de forma retorcida, “comprando voluntades y negociaciones puerta a puerta”.

Los y las propietarias de terrenos afirman no estar en contra del parque pero quieren mejoras en la gestión. No quieren que personas ajenas entren en fincas privadas a llevarse fruta, señalan que el cobro de una entrada, aunque sea simbólica, permitiría la incorporación de buenos servicios. Es por eso que “sin los propietarios” el parque no estaría en condiciones ante la falta de gestión pública. Y por último, non quieren renunciar a sus derechos como propietarios.
 

Por último, critican que fondos europeos destinados a compensar limitaciones ambientales no se aplican en Galicia, mientras sí se usan en otros punto como Doñana. Acusan a la Xunta de incumplir normativas autonómicas y europeas vigentes desde 2004. Ante la falta de respuesta autonómica, los propietarios planean llevar su caso a Bruselas para denunciar lo que consideran una situación insostenible para cientos de familias afectadas por las políticas de conservación ambiental.