Rechazan la solicitud de autorización para realizar vertidos desde la mina de San Finx

La asociación Plademar Muros-Noia, y todos los colectivos sociales y de defensa del mar agrupados en la plataforma contra los vertidos de la mina de San Finx, situada en Lousame, celebran que Augas de Galicia revoque la autorización de vertidos de aguas residuales que había otorgado hace ahora un año, en febrero de 2023, y que había levantado fuertes protestas en toda la comarca.

La revocación se produce después de que los colectivos sociales demostraran cómo la empresa ignoraba repetidamente el condicionado de la autorización, lo que llevó a que a principios de este año se impusiera una sanción de 180.000 euros por infracción grave derivada de los vertidos con concentraciones elevadas de sustancias tóxicas incluyendo cadmio, cobre, zinc y níquel.
 

La autorización también había sido recurrida judicialmente por Ecologistas en Acción como por las cofradías de pescadores de Noia y Portosín y por varios ayuntamientos de la ría, debido a las irregularidades en el procedimiento de autorización. Aunque los colectivos festejan una resolución que frena el vertido de casi 1.000 millones de litros de aguas residuales al año, consideran que este paso de la Xunta busca evitar que los pronunciamientos judiciales expongan las irregularidades que también son objeto de un procedimiento penitenciario separado.

ANUNCIO DE NUEVAS ACCIONES

La decisión anunciada hoy da la razón a los numerosos colectivos personados en el procedimiento que desde 2016 "ponen en entredicho la política de la empresa minera y de la Consellería de Economía e Industria, pero no pone fin al conflicto". Por eso, Plademar Muros-Noia anuncia nuevas acciones junto con los demás colectivos para poner una "solución definitiva a los vertidos de la mina, que pasa por el sellado y taponado de las galerías de desagüe y la reinundación de los restos de acciones mineras en condiciones de seguridad a perpetuidad".
 

También iniciarán medidas legales para exigir la revisión y cumplimiento del plan de restauración aprobado ilegalmente en 2009, incluyendo la eliminación de la escombrera y la retirada de los residuos mineros acumulados en las presas y balsas construidas sobre el lecho del río y que se encuentran en estado crítico. «La finales de 2020 la Xunta aprobó una actualización del plan de restauración con un presupuesto de apenas 187.000 euros, cuando desde los colectivos ecologistas y del mar cifrábamos el coste necesario en no menos de 10 millones de euros», denuncia Joám Evans, portavoz de Ecologistas en Acción y de la plataforma comarcal.
 

Ante el riesgo de fuga de la empresa, Metais Estratéxicos cuyo socio único es el geólogo peruano Álvaro Fernández Baca desde el pasado marzo, exigen el establecimiento de cauciones que permitan la puesta en seguridad de la explotación. Sobre el nuevo propietario y socios, desde Plademar señalan "el pasado turbio de los inversores que ejercen el control real de la empresa, con antecedentes de violaciones de los derechos humanos en Colombia".

De hecho, la empresa no envió a ninguno de sus administradores para comparecer ante el Juzgado de Noia cuando fue llamada a declarar hace un mes como imputada por un presunto delito contra el medio ambiente y recursos naturales.