Protesta contra el deterioro de las pocas residencias públicas y por el cese del director de la CRAPD Vigo I
Mientras se disparan las aperturas de centros privados, el último la residencia Raiola en Santiago, la Xunta lleva 13 años sin inaugurar ningún asilo público, pese a que hace un lustro prometió que iba a abrir siete más con el dinero de la Fundación Amancio Ortega.
Este domingo, Vigo acogerá una manifestación contra el deterioro de las residencias de mayores de la Xunta. Tendrá lugar a las 11:30 en la calle Príncipe de la ciudad, frente al Museo MARCO. Dicha concretración está convocada por la plataforma REDE (Federación de Familiares e Usuarias de Residencias e da Dependencia) y por familiares y usuarios de la residencia CRAPD Vigo I.
Los manifestantes afirman estar hartos "de la desorganización en las residencias, del abandono que sufren los mayores, y de la falta de información y transparencia".
ATASCO DE LOS ASILOS DE AMANCIO ORTEGA
El colectivo ha denunciado que desde el año 2009 no se abren residencias públicas en Galicia, pese a que en 2019 la Xunta firmó un convenio con la Fundación Amancio Ortega para abrir una en cada ciudad. Las rúbricas fueron en 2019 pero dos años antes, en 2017, la Xunta ya anunció esta promesa.
Cinco años después no hay ninguna construida por completo y, por su puesto, ninguna ha entrado en funcionamiento. Vista las generosas donaciones del magnate para otros departamentos, la culpa no parece, en principio, achacable al creador de Inditex, más bien recae en la pandemia y en la burocracia de centros que a menudo dependen de permisos de varias administraciones.
Solo en Santiago y en Lugo se han empezado las obras. En otras urbes, por ejemplo en Ourense, no se ha puesto ni un ladrillo, después de una polémica tramitación de la cesión de los terrenos de la Estación de Autobuses.
Rede indica que en Vigo no hay una residencia pública nueva desde 2004. Denuncian que la Xunta de Galicia y, particularmente, el gobierno del expresidente Núñez Feijóo "dejó conscientemente el sitio al negocio privado de los cuidados de las personas mayores".
MÁS DE 200 DENUNCIAS EN VIGO
La residencia CRAPD Vigo I -uno de los pocos de Galicia del que es titular la Xunta y gestiona directamente- se trata de una de las residencias cuyos usuarios, familiares y sindicatos ya han denunciado con anterioridad, debido al deterioro de las instalaciones y al escaso personal. Comisiones Obreras ya había interpuesto una denuncia en 2015 ante el mal estado del centro, considerando que el edificio no está adaptado para adecuarse a las necesidades de estas personas.
Años después, a finales del primer año de la pandemia, en noviembre de 2020, el centro fue acusado por familiares de los usuarios de trasladar a contagiados con coronavirus y cerrar el acceso al mismo. En este caso, la Consellería de Política Social respondió que siguió el protocolo establecido. Ese mismo verano los sindicatos CC.OO y UGT denunciaron condiciones abusivas.
A estas se le suman una gran multitud de denuncias más, contabilizando, según denunciaban los usuarios el pasado año 2021, un total de más de 200 denuncias que, según afirma Paulino Campos, presidente de REDE, "en su mayoría han ido a parar a un cajón misterioso, desde el que se quiere evitar su visibilidad".
La asociación lleva meses reclamando la dimisión del director, Oscar Arroyo. Entre otros problemas, alertan de "deshidrataciones reiteradas", "ausencias de médicos especialistas en geriatría" o abandono de los residentes durante horas.
El CRAP de Vigo I es la residencia pública más grande de Galicia, con más de 300 plazas. Por ahora, REDE dice que ha logrado que 81 personas pidan el relevo del directivo. Fue inaugurada en 1998, hace 25 años.
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